Ya es una realidad que los efectos de la COVID-19 están siendo nocivos para la economía española y para su tejido productivo. Apenas hemos superado la fase más crítica de la enfermedad, y a la espera de posibles rebrotes, las empresas y los profesionales autónomos, junto con, obviamente, los trabajadores, están sufriendo sus consecuencias en términos de pérdida de ingresos y, lo que es peor, en aumento de la incertidumbre de cara al futuro inmediato. Bien es cierto que desde el poder ejecutivo se han tomado medidas para tratar de aliviar, en lo que se pueda, la terrible situación que enfrenta nuestra economía, siendo la más conocida por todos la de los ERTE por fuerza mayor, a la que se han acogido en masa tantas y tantas pequeñas y medianas empresas. Ahora bien, ¿son realmente los ERTE una solución adecuada y positiva ante el panorama económico y empresarial que se nos presenta?
Sin duda los ERTE son una medida adecuada y eficaz, siempre que sea entendida como una medida de urgencia y por un plazo acotado. Enviar a los trabajadores a un ERTE por un mes, dos meses, puede ser hasta necesario, sin que dicho tiempo se piense que vaya a afectar en exceso a la generación de recursos, pues no es lo suficientemente amplio como para pensar que los demandantes de servicios, bienes, etc., vayan a dejar de precisar o demandar los mismos. Sin embargo, si el período temporal se dilata y los ERTE se extienden a cinco meses, seis meses o, incluso, más, ¿seguirá siendo dicha medida eficaz?
Desde mi punto de vista, no; o no, cuanto menos, si no se armoniza con otras que hayan de ser tomadas en el seno de la propia empresa. Está siendo habitual encontrar a pequeños y medianos empresarios que, ante la decisión del Gobierno de extender la eficacia de los ERTE por fuerza mayor hasta el 30 de septiembre de 2020, se sienten aliviados en espera de que, para entonces, “la situación haya mejorado”. Pero, ¿es un simple deseo o tienen datos que avalen dicha eventual mejora? Me temo que es un simple deseo no anclado en datos objetivos. De hecho, la paralización del negocio, su atención más restringida, etc., lo lógico es que genere desconfianza en la clientela que demanda, y provoque no sólo ya una pérdida de recursos, sino una disminución de la fidelización de los clientes que podrá afectar gravemente a la recuperación en el momento en que desaparezca la figura del ERTE y la empresa se encuentre con tener que volver a pagar las nóminas de todos los trabajadores en su totalidad y, al mismo tiempo, con una recuperación muy lenta del negocio, cuando no inexistente, que dificulte o impida la generación de recursos con los que atender el pago de las nóminas. Habrá llegado, entonces, el tiempo del lamento.
Desde luego que el alivio que han supuesto los ERTE no puede despreciarse. Alivio porque, además, ha generado un tiempo para que la situación de crisis mejore. Pero ese tiempo que nos proporciona el instrumento de los ERTE no puede ser entendido como vacío o hueco de actividad. Precisamente ese tiempo ha de ser el contexto necesario para que cada empresa, para que cada trabajador autónomo, reflexione sobre su propio negocio, descubra problemas estructurales que se arrastraban desde antaño y trate de buscar las mejores soluciones para su empresa que le permita superar esta crisis post COVID-19 y afrontar un futuro a medio plazo con optimismo. Y a veces esas decisiones serán traumáticas pudiendo llegar, incluso, a planteamientos concursales. Pero lo que sí sería nocivo es esperar una mejora de la situación sin hacer absolutamente nada por revertirla. Ese tiempo que habrían proporcionado los ERTE, así como el propio instrumento en sí, se convertirían, entonces, en un arma de doble filo pues, su bonanza y su eficacia positiva se tornarían en desgracia si no se hubiera utilizado adecuadamente para reestructurar a tiempo la empresa y el negocio.
Los empresarios y trabajadores autónomos han de ser conscientes de todo esto, y afrontar el reto de tomar las medidas necesarias, ahora que hay tiempo, para superar la crisis que ya empieza a atenazarnos. No pueden esperar, sin más, a que llegue el 30 de septiembre (o el 31 de diciembre si se vuelven a prorrogar los ERTE de fuerza mayor), con el deseo puesto en que las cosas mejorarán solas. Hay que tomar decisiones ahora, tras revisar el estado de la empresa, del negocio, y no teniendo miedo a adoptar medidas que, a priori, puedan parecer extremas. ¿Cuántos empresarios ven, por ejemplo, el concurso de acreedores como un instrumento eficaz que permite liquidar un negocio que ya era ruinoso y en el que no se hacía otra cosa más que poner dinero para que no se hundiese, sin expectativas de futuro y que afectaba, incluso, a la salud de socios y administradores? ¿Cuántos ven ese concurso de acreedores como lo que puede ser en realidad, esto es, como una puerta para afrontar nuevos retos eliminando el lastre del pasado? Pues eso es precisamente lo que ahora hay que estudiar y analizar con calma, apoyándose en la ayuda de buenos profesionales; y quien habla del instrumento del concurso de acreedores, habla también de los procesos de renegociación, de homologación de acuerdos de pagos o, incluso, del mecanismo de la segunda oportunidad. Todo menos esperar con los brazos cruzados hasta que las opciones de revertir la situación sean nulas.
Por todo ello éste es el momento de la esperanza, siempre que se asiente en el trabajo bien hecho y en la concienciación de que los ERTE nos han dado un tiempo precioso que no podemos malgastar, sino que hemos de utilizar para reestructurar adecuadamente la empresa o el negocio, y poder así salir más fuertes de esta crisis. Ojalá la pequeña y mediana empresa, así como los trabajadores autónomos, apuesten por ello y no tengan miedo a tomar las decisiones que fueren precisas, por más traumáticas que parezcan a primera vista.
