La figura del delator en el procedimiento administrativo.

 

Si bien nuestra Ley de Procedimiento siempre había previsto la posibilidad de iniciar un procedimiento sancionador a partir de una denuncia formulada por cualquier persona, hasta la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no se contemplaba la posibilidad de que la que la denuncia fuera formulada por quien hubiera participado en la comisión de la infracción, delatando a los demás copartícipes.

 

Refiriéndose los artículos 54 y siguientes de la citada ley a las formas de iniciación del procedimiento administrativo, el artículo 62 regula, en concreto, la incoación por denuncia, recogiendo en su apartado cuarto el supuesto al que nos referimos, el del delator, quien como “premio” a su actuación, dispone la norma, quedará eximido del pago de la multa o de la sanción que le correspondiera siempre y cuando concurran los siguientes requisitos:

 

 

a) Que la denuncia invoque un perjuicio en el patrimonio de la Administración (patrimonio financiero, dominio público, bienes patrimoniales).

b) Que sea el primero en denunciar y, por tanto, en aportar los elementos de prueba que permitan la iniciación del procedimiento o comprobar la infracción, siempre y cuando en el momento de aportarse aquéllos no se disponga de elementos suficientes para ordenar la misma.

c)  Que se repare el perjuicio causado.

d) Que el denunciante cese en la participación de la infracción.

e)  Que no haya destruido pruebas relacionadas con el objeto de la denuncia.

 

¿Y qué ocurre si alguno de los requisitos no se cumple? ¿Pierde el denunciante su “recompensa”? La normativa da respuesta a este supuesto y prevé una reducción del importe de la multa o de la sanción que corresponda, cuando no cumpliéndose alguno de los tres primeros condicionantes antes mencionados, los dos últimos deben concurrir en todo caso, el denunciante haya facilitado elementos de prueba que aporten un valor añadido significativo respecto de los que ya pueda disponer la Administración.

 

La regulación, aparentemente sencilla, en realidad no es nada clara, pues si se presta atención a los requisitos que exige se observa que el resultado, esto es la exención o reducción de la sanción, finalmente dependerá del juicio que haga la Administración sobre las pruebas que se aporten. Ello supone que, aunque la norma establece, de forma taxativa, que se deberá eximir o reducir la sanción del denunciante, la realidad es que ello dependerá de la valoración de las pruebas aportadas que efectúe el órgano actuante y ¿qué ocurrirá si después de delatarse y delatar a otros la Administración considera que ya disponía de pruebas o que las pruebas presentadas no aportan, a juicio de ésta, un valor añadido? Del texto de la norma podría deducirse que el denunciante no tendrá derecho a los beneficios previstos y entonces, como quiera que lo habitual es que el administrado desconozca qué pruebas tiene la Administración y qué valor puede darse a las que él aporte, la pregunta que surge es evidente ¿quién se arriesgará a auto delatarse?

 

La duda no queda ahí, ¿cuál es el alcance que debe darse a la exigencia de la reparación del perjuicio causado?, ¿quién debe repararlo? ¿el delator? ¿la Administración a través de su actuación frente a quienes han generado el perjuicio?

 

Como decíamos, la regulación, aunque sencilla, no es clara y una prueba más de ello, es que deja sin precisar cuál será, en su caso, la reducción de la sanción de la que se beneficiará el denunciante. La norma se limita a decir que la Administración deberá reducir el importe si concurren determinados requisitos. Ahora bien ¿en qué cantidad se reducirá la misma? El silencio de la norma genera otra incertidumbre más al posible denunciante a quien, es de pensar, sólo la certeza de obtener un beneficio claro podrá llevarle a auto delatarse.

 

En realidad, aunque nueva en la Ley de Procedimiento Administrativo Común, la figura que nos ocupa ya estaba prevista en la Ley de Defensa de la Competencia, en cuyo artículo 65, al igual que ahora se hace en la Ley de Procedimiento, se contempla la exención o la reducción de una sanción según el denunciante cumpla o no una serie de requisitos. A diferencia de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, llama la atención en la Ley de Defensa de la Competencia, la previsión de que el delator pueda continuar participando en la infracción si es de interés para la investigación y la determinación que, aquí sí se hace, sobre en qué consistirá la reducción de la sanción a aplicar, disponiendo que la primera empresa o persona física denunciante se beneficiará de entre el 30 y el 50 por ciento; la segunda de entre el 20 y el 30 por ciento; y las sucesivas de hasta un 20 por ciento del importe de la multa.

 

Facultando la Ley 39/2015, en su Disposición Final Decimoquinta, al Consejo de Ministros y a los Ministros de Presidencia, de Hacienda y de Administraciones Públicas para dictar cuantas disposiciones reglamentarias sean necesarias para el desarrollo de la Ley, será necesario esperar al mismo para ver si se aclaran las cuestiones dudosas que puedan despejar las sombras que ahora pesan sobre esta figura y que, a nuestro juicio, hacen que la misma no resulte lo suficientemente atractiva como para incentivar al delator a reconocer su participación y denunciar a sus cómplices.

 

Mª Pilar Viana Lozoya

Abogada

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

C/ Carmen 3, 19001 Guadalajara -- Avda. General Villalba cv Calle Medinilla 2, 45003 Toledo -- Pso. de la Castellana 141 -Plta. 19 Edificio CUZCO IV, 28046 Madrid
  • Rodrigo Abogados
  • Rodrigo Abogados