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DESAHUCIO EXPRESS ANTE LA OCUPACIÓN ILEGAL DE VIVIENDAS. SITUACIÓN REAL. (Continuación)

 

A propósito de la entrada en vigor de la Ley 5/2018 que modificaba la Ley de Enjuiciamiento Civil con la introducción del llamado desahucio exprés de okupas, publicábamos el post: DESAHUCIO EXPRESS ANTE LA OCUPACIÓN ILEGAL DE LAS VIVIENDAS: ¿AVANCE ESPERADO O INSUFICIENTE?

 

Hoy un año después podemos responder a la pregunta que nos formulamos en su día. Efectivamente fue un avance esperado pero en mayor medida insuficiente. La realidad, la situación real ha venido a mostrar “las vergüenzas” de este procedimiento.

 

El mismo no se ha revelado tan ágil como se pretendía. Si ya avisamos de la necesidad de dotar a la Administración de Justica de medios humanos y materiales, no nos equivocábamos. Contando con los plazos previstos en la Ley, se suponía que el procedimiento debía concluir en un plazo aproximado de un mes. Pero este plazo era una utopía.

 

El propietario, titular legítimo de la vivienda, tiene que acudir a un abogado para plantearle la situación, entablar la demanda y presentarla al Juzgado. Se le dará el trámite del juicio verbal, por razón de la materia. No obstante la cuantía del procedimiento, dado que se debe tener en cuenta el precio de adquisición de la vivienda, es elevada, por lo que no solo el propietario necesitará abogado sino también procurador. Ni que decir tiene que el inicio de este camino para el propietario  o  legítimo poseedor de la vivienda se producirá mucho más tarde si aquel tuviera la necesidad de solicitar un abogado y procurador de oficio.

 

Presentada la demanda ante el Decanato de los Juzgados competentes por razón del territorio, este debe repartir la misma al Juzgado correspondiente. Una vez repartida, el juzgado debe admitir a trámite la misma mediante Decreto. En ese Decreto se acuerda requerir a los ocupantes para que en el  plazo de cinco días aporten título que justifiquen su situación posesoria. Si no lo presentan el Juzgado acordará la inmediata entrega de la vivienda al demandante.

 

¿Pero que significa  “acordará la inmediata entrega de la vivienda al demandante”? No significa ni más ni menos que ante la falta de justificación de la posesión por los ocupantes, el trámite llamémosle “declarativo” ha concluido. No así, el procedimiento para la recuperación definitiva de la vivienda, que no es sino el único y más importante deseo del demandante.

 

La situación se complica más con el consiguiente retraso, cuando el demandado o demandados, hayan o no podido justificar la posesión en el plazo de los 5 días,  presentan la correspondiente oposición a la demanda en el plazo de 10 días, de conformidad con el artículo 403 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

 

Aunque esto no llegue a ocurrir el Juzgado tiene que respetar el plazo de los 10 días para así dictar la correspondiente sentencia que se ejecutará sin esperar al obligado plazo de los 20 días que establece el artículo 548 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Sin embargo, el dictado de la sentencia por el Juzgado no se produce el día 11 del plazo, ya que previamente a llegar el expediente al Juez, tiene que darse cobertura legal al dictado de esa sentencia, es decir, se debe dictar la correspondiente Diligencia de Ordenación informando del transcurso del plazo de los diez días y que las actuaciones se trasladan al Juez para dictar la sentencia.  Por tanto los plazos se van alargando.

 

Volvamos a la “entrega inmediata de la vivienda al demandante”.  En esta situación nos encontramos con la señalada lentitud en su tramitación por el Juzgado como hemos visto en el párrafo anterior. Cuando se reciba el resultado de la notificación de la demanda a los ocupantes de la vivienda,  transcurridos ya de sobra el plazo de los cinco días se abre una pieza separada para la entrega inmediata de la vivienda, a lo cual hay que añadir aún más otro trámite. Acordada la entrega inmediata se debe dar  traslado a los Servicios Sociales, si así lo hubieran permitido el/los demandados de esta circunstancia para que en el plazo de 7 días puedan adoptar las medidas de protección que en su caso procedan.

 

Cumplidos ya todos los trámites y  todos los plazos se acuerda la efectiva entrega inmediata de la vivienda al demandante para lo cual se fija día y hora para el lanzamiento.

 

La realidad como especialistas en estos asuntos nos dice que se está tardando unos 6 meses para la recuperación de la vivienda.  Excesivo o no el plazo, dependiendo siempre con que se comparé,  el resultado es que el propietario o legitimo poseedor de la vivienda se ve privada  de su uso en 6 meses, plazo que dependiendo de las Comunidades Autonómicas puede llegar a ser más amplio.

 

Terminado el procedimiento, el demandante va a recuperar la vivienda en la mayoría de los casos con innumerables daños, a los cuales deberá hacer frente, así como  a los honorarios de abogado y procurador.

 

Otra cuestión que nos planteábamos en el primer post era la limitación subjetiva para la presentación de la demanda  y  la entrega inmediata de la vivienda que establece el artículo 250.1.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil: “la persona física propietaria, o poseedora legítima de otro título, las entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseerla y las entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social.”

 

En la gran parte de los casos que se plantean por esta razón ante los Juzgados la vivienda ocupada es una más de un conjunto de un edificio de pisos, en la que los propietarios no son solo personas físicas sino que suelen ser también entidades bancarias que no pueden utilizar esta herramienta para el desalojo de los okupas. En este caso, el problema no se ha acabado sino que se ha trasladado a la puerta de enfrente.

 

En conclusión, el problema se ha resuelto a medias y, desgraciadamente, el plazo para resolverlo no era el esperado.

 

Abraham Huerta Corrales

Abogado.

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