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DE LAS ATENUANTES APLICABLES A LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA

 

No cabe duda que, en los últimos años, una parte importante de la doctrina científica se ha centrado en el desarrollo de los supuestos generadores de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica; que resultan de la aplicación de los parámetros del artículo 31 bis del Código Penal, y como tal sistema se ha reformado ampliamente mediante la LO1/2015 respecto de lo establecido originariamente mediante la LO 5/2010 por la que se vino a establecer el supuesto de responsabilidad para las personas jurídicas.

 

No obstante, y a pesar de ser parejo a la importancia que ha destacado para la doctrina los supuestos generadores los requisitos relativos a la exoneración de dicha responsabilidad, sí es cierto que se ha pasado de soslayo por las causas que se han establecido como atenuantes de la responsabilidad criminal de la persona jurídica.

 

Así, sin perjuicio de que el artículo 21 del Código Penal nos establece cuales son las causas que atenúan la responsabilidad penal, cuyo fundamento radica en las correspondientes causas de disminución de la antijuridicidad o de la culpabilidad en las que se funden; llevando a considerar las mismas como magnitudes susceptibles de variación o graduación[1]; tales circunstancias, en principio, no resultan de aplicación a los supuestos de graduación de la responsabilidad penal de la persona jurídica, en los casos en los que se entienda que ésta resulta penalmente responsable.

 

Y ello, por cuanto, de conformidad a lo establecido en el artículo 31 quater del Código Penal, solamente le serán predicables a la persona jurídica, como supuestos de atenuación de la responsabilidad criminal, aquellos que se encuentran expresamente previstos en tal artículo. De tal forma que, en principio, bien podríamos suponer que, aún cuando determinadas causas previstas en el artículo 31 quater del Código Penal resultan paralelas a las establecidas en el artículo 21 del mismo texto legal para las personas físicas; todas las aquí previstas no resultan de aplicación a las personas jurídicas; llamando poderosamente la exclusión de la no inclusión de la atenuación por dilaciones indebidas del procedimiento, del estado de necesidad y de las atenuantes de análoga significación del resto de establecidas en el artículo 21 del Código Penal.

 

Y, es que, en principio, únicamente le resultarán de aplicación a los supuestos de responsabilidad penal de la persona jurídica, ex post. facto, aquellas atenuantes establecidas en el artículo 31 quater del Código Penal; que son la confesión, colaboración, reparación del daño y dotación de modelo de organización.

 

No obstante, también le resultarán de aplicación a la persona jurídica las medidas atenuantes previstas en el artículo 31 bis .2 y .4, ex ante facto, para supuestos en los que la organización se ha dotado de un modelo de prevención de delitos, pero éste no se ha desarrollado eficazmente.

 

Así, parece, en principio, que se veta la posibilidad de aplicar atenuantes distintas a las anteriormente expresadas,  como son las del artículo 21 que no encuentran su paralelismo en las del artículo 31 quater. Véase, dilaciones indebidas, atenuantes analógicas...

 

Extremo que bien parece pudiese suponer una vulneración de los derechos fundamentales de la persona jurídica, por lo que habrá de favorecerse su aplicación por medio de la analogía in bonam partem.

 

Además, y sin perjuicio de lo anterior, nada parece impedir que se pueda aplicar, si procediese, alguna eximente a la persona jurídica, como el Estado de Necesidad, ya que el artículo 21 quater no menciona a las eximentes, sino únicamente a las atenuantes.

 

Por ello, parece contradictorio que con el actual sistema se podría pensar que posibilita la aplicación de la eximente, ex. artículo 20, pero no la eximente incompleta o atenuante analógica del artículo 21. Lo que nos lleva a, como se ha indicado, valorar la posibilidad de aplicar estas atenuantes del artículo 21 mediante la figura de la analogía in bonam partem, por cuanto la mención de “solo”, del artículo 31 quater parece obedecer a un déficit legislativo, ya que el mismo artículo 31 bis contempla distintas atenuaciones de forma expresa.

 

 

 

[1] Vid. Molina Fernández, F. en Alcácer Gruiao, R., Alonso Gallo, J. y otros, Memento práctico. Penal, Ed: Francis Lefebvre, Madrid, 2016, pág. 423.

 

 

Diego Martín Fernández

Abogado. Doctorando. Socio FICP

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