C/ Carmen 3, 19001 Guadalajara -- Avda. General Villalba cv Calle Medinilla 2, 45003 Toledo -- Pso. de la Castellana 141 -Plta. 19 Edificio CUZCO IV, 28046 Madrid
  • Rodrigo Abogados
  • Rodrigo Abogados

AFECTADOS POR COMPRA DE ACCIONES DEL BANCO POPULAR

       -> PULSA AQUÍ Y CONTÁCTANOS

 

Son muchas ya las resoluciones judiciales que nos vienen manifestando que el folleto informativo difundido por el Banco Popular, relativo a la ampliación de capital de 2016, no reflejaba la imagen fiel de la situación económico financiera del banco. Y que tal difusión, en tanto en cuanto no recogía la verdadera situación patrimonial, impedía al adquirente de las acciones superar el error en que incurría al prestar su consentimiento; pues estaba comprando un producto con base en una información que, cuanto menos, no era del todo veraz. Consecuentemente, los tribunales vienen declarando la nulidad de la compras de tales acciones, obligando al Banco adquirente del Popular (Banco Santander) a devolver al inversor el capital invertido, con los intereses legales desde la compra.

 

Así, y sin perjuicio de estar este despacho profesional a su disposición para resolverle cualquier duda que tenga al respecto, por medio del presente, realizaremos un análisis de cuales son los motivos en los que las Sentencias suelen apoyarse para resolver de forma favorable al afectado por la compra de acciones, acordando la devolución de prestaciones y, con ella, la devolución del capital invertido, más intereses legales.

 

Para ello, habremos de partir de la definición del concepto de oferta pública de venta o suscripción de valores, como la que realizó el Banco Popular en el año 2016, entendiéndose ésta, conforme al artículo 30.bis de la Ley del Mercado de Valores, como toda comunicación a personas en cualquier forma que presente información suficiente sobre los términos de la adquisición de los valores. Comunicación, o información, que, según se establece en el artículo 27.1 de la citada Ley, habrá de contener la información necesaria para que los inversores pueda llevar a efecto una evaluación de los activos y pasivos, así como de la situación financiera de la entidad y sus perspectivas de evolución, entre otros extremos.

 

Lo que viene a poner de manifiesto que el mercado de valores se asienta sobre el pilar de la protección del inversor, tal y como señala la Audiencia Provincial de Valencia, de fecha 29 de diciembre de 2014:

 

“La normativa del mercado de valores se estructura, como pilar básico, sobre el principio de protección del inversor, al estar ante un mercado de negociación de títulos de riesgo, y las acciones, como valor representativo de parte del capital social de una entidad mercantil, son producto de riesgo. Tal fundamento legal tiene su reflejo más inmediato y transcendente en el principio de información, esencial para un mercado seguro y eficiente, significativo de que las decisiones inversoras se tomen con pleno conocimiento de causa. Se impone a las entidades que ofertan tales valores prestar una información fidedigna, suficiente, efectiva, actualizada e igual para todos.”

 

Por tanto, los juzgados y tribunales, para resolver respecto de la nulidad de la compra de las acciones, proceden al estudio de si ha existido, o no, una errónea representación en el comprador de la situación económica de la entidad, y que motiva la existencia de un vicio en el consentimiento por parte del comprador, pues se representó una situación favorable para la inversión cuando, en realidad, no lo era.

 

Estudio que viene llevando a la conclusión de que la situación financiera real del Banco Popular no era la que se venía publicitando por parte de éste en los folletos informativos relativos a la ampliación de capital de 2016 y, por tanto, procederá declarar la nulidad de la compraventa de las acciones, por fundarse en un error en el consentimiento.

 

Fundando dichas resoluciones en extremos como que:

 

1.     "Es significativo que, mientras en el primer trimestre de 2016  las ganancias eran de más de 93,6 millones, a 30 de junio de 2.016 tenía pérdidas de algo más de 35 millones de Euros, a 31 de diciembre de 2.016 tenía pérdidas de algo más de 3.485 millones de euros y a 30 de junio de 2.017 de algo más de 12.218 millones de euros. Aun cuando se partiera de la hipótesis de que los problemas fueron de liquidez por la enorme retirada de fondos del mes de junio de 2.017, ello no explicaría totalmente que en un año, de junio de 2.016 a junio de 2.017, afloraran pérdidas por valor de más de 12.183 millones de euros (12.218 menos 35 millones), un incremento de más del 34.800 %, y lo que en ningún caso tendría explicación por una retirada de fondos del mes de junio de 2.017 es que, a 30 de junio de 2.016, las pérdidas fueran de algo más de 35 millones de euros y, a 31 de diciembre de 2.016, esas pérdidas fueran de 3.485 millones de euros, lo que supone un incremento de 9.857 % en las pérdidas. Ello pone de manifiesto que no había sólo un problema de liquidez sino realmente de solvencia, pues de haber existido un problema únicamente de liquidez se habrían admitido por los organismos europeos las garantías que ofrecía para obtener esa liquidez, lo que no hicieron." Sentencia de 4 de junio de 2018 de la Audiencia Provincial de Valladolid.

 

2.   “El banco emisor de las acciones presentó una información incompleta, que ocultaba su mala situación, con el fin de cubrir la ampliación de capital que pretendía superar su crisis…

…la situación patrimonial de Banco Popular en el momento en que se emitieron las acciones que representan la ampliación de capital no es la que proclamaban las cuentas auditadas por Price Waterhouse Cooper y publicitadas en el folleto informativo. De haberlo sido, la incorporación de capital que propicia la ampliación de junio de 2016 no daría lugar al volumen de pérdidas del cierre del ejercicio 2016, sin que hayan resultado convincentes las explicaciones dadas al respecto para justificarlas por parte del testigo-perito propuesto por la demandada.” Sentencia de 17 de diciembre de 2018, de la Audiencia Provincial de Bizkaia.

 

3.     “…Si las cuentas que se publicitaron y el folleto que se difundió eran correctos, no se entiende la razón de que se ofrezcan "bonos de fidelización", denominados "obligaciones perpetuas contingentemente amortizables del Santander con 100 euros de valor nominal"” Sentencia de 26 de noviembre de 2018, de la Audiencia Provincial de Bizkaia.

 

Evidencias e indicios, los anteriores, que llevan a concluir que resulta factible apreciar la existencia de un error invalidante del consentimiento, el cual resulta sustancial y, además, recae sobre  aquellas condiciones que movieron a realizar la compra de las acciones; por lo que resultará procedente declarar la nulidad de la adquisición y la devolución de las cantidades invertidas con sus intereses legales.

 

Por tanto, si usted es un afectado por la situación que acabamos de describir, no dude en ponerse en contacto con nosotros, ya que podría recuperar su inversión.

 

Diego Martín Fdez.

Abogado. Doctorando. Socio FICP

 

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload