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“SOBRE EL DELITO DE PLAGIO”

 

En los últimos meses se ha venido escuchando una y otra vez, en diversos medios de comunicación, la palabra plagio referida a distintas personas con responsabilidades públicas de muy diferente índole; por lo que bien podríamos decir que tal concepto se encuentra, en cierto modo, de actualidad. Pero, ¿En qué consiste el plagio? ¿Y el delito de plagio?

 

Pues bien, a fin de dar respuesta a la primera de las cuestiones, acudimos a lo indicado al respecto en el diccionario de la Real Academia Española, que viene a definir el concepto de plagio como la acción y efecto de plagiar, siendo que este último verbo, plagiar, se viene a definir, también por ella, de forma textual, como “copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias”; pudiendo concluir, por tanto, que el plagio consiste en efectuar una copia, total o parcial, de la obra de un tercero indicando que la autoría es propia, obviando a su legítimo autor. Pero, ¿Todo plagio, o copia, podría ser constitutivo del delito de plagio? Evidentemente, no

 

Concretamente, y en lo referente al delito de plagio, habremos de poner de manifiesto que éste se encuadra en el artículo 270.1 del Código Penal, en el Libro Segundo, de los delitos y sus penas, Título XIII, relativo a los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico y, dentro de éstos, en el Capítulo XI, que se corresponde con los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores.

Estableciéndose en el mismo, de forma literal, que:

 

“Será castigado con la pena de prisión de seis meses a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses el que, con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya, comunique públicamente o de cualquier otro modo explote económicamente, en todo o en parte, una obra o prestación literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios”

 

Vemos, por tanto, como para que exista un delito de plagio, el Código Penal requiere algo más que la mera copia, reproducción y distribución de una obra como propia sin serlo, sino que especifica que, para que exista el delito de plagio, tal hecho, el de copiar, se debe llevar a cabo con una finalidad económica, bien de forma directa o indirecta y, siempre, como requisito imprescindible, en perjuicio de tercero; que bien pueda ser el legítimo titular de la obra, u otro que se pudiese ver afectado por tal copia.

 

De tal forma el Código Penal viene a establecer una sanción únicamente para aquellas actuaciones que se pueden entender como de mayor gravedad, por cuanto se haya perseguido con ellas una finalidad crematística, generando un perjuicio. Todo ello, en clara aplicación del principio de intervención mínima del orden jurisdiccional penal, que le viene dado al legislador.

 

Se trata así, en suma, de ofrecer una protección al autor de la obra, a fin de que nadie se pueda aprovechar ilícitamente de su ingenio, quedando a salvo, eso sí, el derecho de cita que asiste a cualquier investigador respecto de las obras de terceros que se vean citadas en parte en su propia investigación; pero dejando fuera a todas aquellas actividades que, a pesar de atentar contra la autoría de la obra, no han sido ejecutadas con una finalidad económica o/y no se ha causado con ellas un perjuicio a tercero, o al propio autor. Si bien, podremos entender que siempre que se omite la cita de la autoría al momento de efectuarse un plagio se está procediendo a causar un daño tanto al autor como a la propia comunidad, en tanto en cuanto se le está ofreciendo una información inveraz en cuanto a la autoría de determinada obra.

 

Por todo ello, al final, se podría indicar que para la existencia del delito de plagio, sancionado, como hemos visto, con pena de prisión de seis meses a cuatro años, se requiere una finalidad económica en el actuar del plagiador; de tal forma que cualquier actividad que, aun consistiendo en la copia o distribución de la obra de un tercero sin su autorización, no persiga una finalidad retributiva quedará extramuros del orden jurisdiccional penal y, por tanto, no será constitutiva de delito.

 

Y de ahí que casi todos los supuestos que se han hecho públicos relativos a la posible existencia de plagio queden excluidos del ámbito penal y, por tanto, no resultan constitutivos de delito, ya que no se da el requisito del ánimo de lucro.

 

Diego Martín Fernández. Abogado. Doctorando

 

 

 

 

 

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