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  • Rodrigo Abogados
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DEL TESTAMENTO VITAL

 

Si se nos hace difícil pensar en qué será de todo lo nuestro cuando no estemos, por más que seamos conscientes, como lo era Juan Ramón Jiménez, de que nos iremos y se quedará el huerto con su verde árbol y su pozo blanco, pensar en cómo nos gustaría que actuara con nosotros la comunidad médica si, llegado el caso, no somos capaces de tomar nuestras propias decisiones, tampoco es lo más agradable a lo que podemos dedicar el tiempo libre.

 

Pero la realidad es que, así como vamos tomando conciencia de la conveniencia de facilitar a nuestros sucesores las gestiones futuras o lo hacemos de la necesidad de distribuir nuestra herencia en condiciones distintas a las que legalmente serían aplicables si nada se prevé y, para ello nos encargamos de asesorarnos y hacer el oportuno testamento, quizás también deberíamos, cuando menos, plantearnos si queremos dejar fijadas las instrucciones necesarias acerca, no ya de nuestro patrimonio, sino de lo más valioso de que disponemos -nuestra vida y el  cuerpo en el que se aloja- para aquellos supuestos en los que por un deterioro físico y/o mental nos encontremos en una situación tal que seamos incapaces de dar las instrucciones necesarias.

 

Cierto es que así como el otorgamiento del testamento es algo que recomiendo sin lugar a dudas, respecto del testamento vital o declaración de voluntades anticipadas, tal como legalmente se denomina, creo que las variables son muchas y no me permito recomendaciones -salvo para quien tenga muy clara la situación- de ahí que este comentario no tiene otra finalidad que la de dar a conocer la posibilidad de su realización, el alcance y la forma según la normativa vigente en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Posibilidad, alcance y formalidades que, intuyo,  con ligeras variaciones será extrapolable a las demás Comunidades Autónomas.

 

La Constitución Española consagra en su artículo 10 como fundamento del orden político y de la paz social, la propia dignidad de la persona reconociéndose en su artículo 43 el derecho a la protección de la salud y la competencia de los poderes públicos para organizar y tutelar la salud pública estableciendo la ley los derechos y deberes de todos al respecto. Dentro de estos derechos, la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, contempla, el respeto a la personalidad, dignidad humana e intimidad, el carácter imprescindible de recabar la previa autorización y por escrito del paciente respecto de la utilización de los procedimientos de pronóstico, diagnóstico y terapéuticos que se le apliquen, a elegir el médico, … actuaciones sencillas si el paciente está en condición de ejercitarlas por sí mismo pero que pueden resultar más complejas en determinados supuestos de incapacidad.

 

La Ley de autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, Ley 41/2002, de 14 de noviembre, define en su artículo 11 las “instrucciones previas”  como este documento por el cual “una persona mayor de edad, capaz y libre, manifiesta anticipadamente su voluntad, con objeto de que ésta se cumpla en el momento en que llegue a situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz de expresarlos personalmente, sobre los cuidados y el tratamiento de su salud o, una vez llegado el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de los órganos del mismo. El otorgante del documento puede designar, además, un representante para que, llegado el caso, sirva como interlocutor suyo con el médico o el equipo sanitario para procurar el cumplimiento de las instrucciones previas.”

 

Por tratarse de una materia con las competencias transferidas, la propia Ley prevé que cada servicio de salud regule el procedimiento adecuado para que, llegado el caso, se garantice el cumplimiento de las instrucciones previas de cada persona, que deberán constar siempre por escrito sin que, lógicamente, deban ser de aplicación las contrarias al ordenamiento jurídico, a la lex artis o buena praxis médica. Además, a fin de asegurar la eficacia en todo el territorio nacional de las manifestaciones formalizadas en las respectivas Comunidades Autónomas se anticipa la creación en el Ministerio de Sanidad y Consumo un Registro nacional de instrucciones previas.

 

Bajo el prisma de esta normativa estatal y, en atención al Convenio del Consejo de Europa para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano respecto de las aplicaciones de la biología y la medicina, que entró en vigor el día 1 de enero de 2000 y que prevé la posibilidad de que cualquier persona manifieste sus deseos con anterioridad a una intervención médica si en ese momento no se encuentra en situación de expresar su voluntad, se aprobó por Las Cortes de Castilla-La Mancha, la Ley 6/2005, de 7 de julio, sobre Declaración de Voluntades Anticipadas en materia de la propia salud.

 

Se trata de una Ley corta, de apenas diez artículos, de la que podemos extraer las siguientes consideraciones:

 

1.- Que la Declaración de Voluntades Anticipadas supone “el cauce del ejercicio por la persona de su derecho a decidir sobre las actuaciones sanitarias de que pueda ser objeto en el futuro en el supuesto de que, llegado el momento, no goce de la capacidad para adoptar decisiones por sí misma.”. No se trata de una voluntad irrevocable y podrá ser modificada, sustituida o revocada en cualquier momento teniéndose siempre como válido el contenido del último documento otorgado.

 

2.- Al margen de otras formalidades, es imprescindible para su otorgamiento que la persona sea capaz, que actúe libremente y que se otorgue por escrito conteniendo la identidad del otorgante y, además de las instrucciones, el lugar, fecha y firma. La identidad del otorgante deberá quedar fielmente acreditada ya sea por la intervención de un fedatario público –notario-, de un funcionario habilitado o de tres testigos mayores de edad y capaces de obrar de los que, al menos dos, no tendrán vinculación profesional o patrimonial con el otorgante ni parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad.

 

3.- En cuanto a su contenido, puede éste ir referido a los cuidados y tratamientos que desee o no recibir, al destino del cuerpo y sus órganos en el supuesto de fallecimiento y a la designación de un representante que haga de interlocutor con el equipo médico-sanitario y que vele el cumplimiento de las instrucciones contenidas en la declaración. Respecto de este  representante se establecen una serie de limitaciones por razón de su capacidad o por su dedicación (personal ante quien se formalice la declaración o personal del Registro de Voluntades Anticipadas o personal sanitario que deba aplicarla o gestores o propietarios de la institución sanitaria).

 

4.- La Declaración que se otorgue conviene que se encuentre inscrita en el Registro de Voluntades Anticipadas mediante su entrega por el interesado, su representante o por remisión del notario de la copia autorizada. Ahora bien, la inscripción, según contempla la propia Ley,  no es requisito imprescindible de su eficacia siempre que las instrucciones se encuentren formalizadas conforme las previsiones de la misma.

 Es evidente que, si no se hubiera inscrito, el acceso del personal sanitario a las instrucciones contenidas en la Declaración sólo podrá tener lugar si la propia persona otorgante, el representante designado, el tutor, los familiares o quien lo custodie  procede a su entrega en el centro sanitario donde el otorgante sea atendido. Entrega que, en el caso de encontrarse inscrito es voluntaria e innecesaria en virtud de la obligación de recabar su existencia que a continuación se significará.

 

5.- El profesional sanitario responsable del proceso se encuentra obligado a consultar el Registro cuando se preste atención sanitaria a una persona que no esté en situación de tomar decisiones por sí misma y, en el supuesto de que exista constancia del otorgamiento de la voluntad anticipada, a recabar una copia y actuar conforme a lo previsto en ella, siempre y cuando se corresponda a la situación médica prevista en la manifestación y, como se ha dicho anteriormente, no resulte contraria ni al ordenamiento jurídico ni a la buena práctica médica.

 

Las directrices fijadas por el otorgante -que cumplan los requisitos señalados- obligan al médico, al equipo sanitario y a cuantas personas deban ejecutar lo dispuesto en las mismas y prevalecen sobre la opinión y las indicaciones de los familiares y/o  allegados o el representante designado por el autor de la declaración y los profesionales que le estén atendiendo.

 

De todo lo expuesto, es de destacar la importancia que la Ley concede a esta declaración previa vital y la amplia eficacia que le confiere. También la sencillez de su otorgamiento, facilitando incluso la Administración su formalización por aquéllas personas impedidas para desplazarse, que puedan acreditarlo mediante informe médico, para los que puede solicitarse el desplazamiento de un funcionario.

 

Resulta, además, que la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha, por ejemplo, incluso  facilita un documento tipo a modo de guion  diferenciando: a) los criterios expresivos del esquema personal de valores del otorgante; b) las actuaciones sanitarias que quiere o no que se le aplique; c) instrucciones tras la muerte; d) otras instrucciones, si las hubiera y, por último, la designación de representante o representantes, según el orden de prelación. Quien pueda estar interesado puede conocer el documento completo pinchando aquí.

 

Por último, un apunte en cuanto a la donación de órganos para el supuesto de fallecimiento, refiriéndonos muy brevemente al artículo 9 del Real Decreto 1723/2012, de 28 de diciembre, por el que se regulan las actividades de obtención, utilización clínica y coordinación territorial de los órganos humanos destinados al transplante y se establecen requisitos de calidad y seguridad, destacando que la obtención de órganos de donantes fallecidos con fines terapéuticos podrá realizarse cuando la persona fallecida no ha dejado constancia expresa de su oposición a que después de su muerte se realice la obtención de órganos (todos o solamente alguno de ellos) y siempre previa investigación por el responsable acerca de si el donante hizo patente su voluntad ya sea a los familiares, a los profesionales sanitarios, o en los medios previstos en la legislación vigente.

 

Así las cosas, tanto si nuestra voluntad fuera la de realizar este tipo de donaciones como oponernos a ellas y, sin perjuicio de transmitir ésta a nuestros allegados, ya sea de palabra o por escrito, el Testamento Vital o Declaración de Voluntades Anticipadas podría ser un documento que bien sirviera a ese fin.

 

Mª Inmaculada Rodrigo Sánchez.

 

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