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DESAHUCIO EXPRESS ANTE LA OCUPACIÓN ILEGAL DE LAS VIVIENDAS: ¿AVANCE ESPERADO O INSUFICIENTE?

 

Por la Ley 5/2018 de 11 de junio se ha llevado a cabo la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con la intención de crear un procedimiento sumario para que los propietarios de las viviendas ocupadas ilegalmente puedan recuperar la posesión de las mismas.
En este sentido la reforma viene a resolver el problema  con que se encontraba, aquel propietario o persona física con otro derecho legítimo para poseer una vivienda, que se veía privado de la posesión de la misma, y en el que  los cauces legales para recuperarla eran largos, costosos y no siempre de éxito asegurado.
Antes de la reforma, la vía civil contemplaba varios cauces que no se ajustaban al verdadero supuesto de hecho, entre ellos el “desahucio por precario”, pues conceptualmente no se podía hablar de precario en una ocupación ilegal que por definición nunca ha sido consentida previamente.  Por otra parte la presentación de una demanda para la recuperación de la tenencia o posesión de una cosa chocaba frontalmente con la realidad de este tipo de ocupaciones y es que sus ocupantes son en la mayoría de los casos, desconocidos, siendo inadmitidas las demandas por no haber  identificado a los demandados.
La vía penal por su parte, es la última ratio del Derecho, el Derecho punitivo y aunque el Código penal tipifica estas ocupaciones a través del delito de usurpación del artículo 245 del Código Penal, esta vía, en la práctica se muestra insuficiente en un proceso excesivamente garantista y en el que los Tribunales, si bien poco a poco van tomando conciencia de este problema y protegen los derechos de las víctimas, quienes su máximo interés no es el castigo penal de los culpables sino el resarcimiento por la conducta ilícita cometida, que no es otro que la plena recuperación de la plena posesión de la vivienda o finca ocupada con independencia de quién la esté ocupando en el momento del desalojo, a día de hoy, se encuentran atados de pies y manos, especialmente, ante los movimientos “okupas” perfectamente organizados y asesorados, debiendo los propietarios armarse de una gran dosis de paciencia.
 La Ley 5/2018 reforma el artículo 250.1.4º  estableciendo un procedimiento más ágil para la recuperación de la posesión de un bien inmueble destinado a vivienda pero con una serie de limitaciones:
a)    Desde el punto de vista subjetivo solo podrán plantear la demanda, la persona física propietaria, o poseedora legítima de otro título, las entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseerla y las entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social 
b)    Desde el punto de vista objetivo, esté procedimiento se limita a viviendas, excluyendo los locales de negocios, o cualquier otro edificio no destino a vivienda.

El proceso sigue los mismos trámites del juicio verbal con las especialidades introducidas por la reforma que pretenden hacerlo más ágil todavía.

•    La demanda (a la cual se acompañará el título que da  derecho a poseer) se podrá dirigir contra los ignorados ocupantes de la vivienda sin perjuicio de que en el momento de la notificación se realice a quién en concreto se encontrase en ella el momento de llevarla a cabo. Dicha notificación se podrá realizar acompañado por agente de la autoridad. (art. 437.3 bis y art. 441.1 bis de la LECivil)
•    Si el demandante hubiera solicitado en la demanda la inmediata entrega de la vivienda, en el decreto de admisión de la demanda se requerirá a sus ocupantes para que en plazo de cinco días aporten título que justifique su situación posesoria. Si no aportasen justificación suficiente, el tribunal ordenará mediante auto, no recurrible, la inmediata entrega de la posesión de la vivienda al demandante, siempre que el título aportado con la demanda fuere bastante para justificar su derecho y se llevará a efecto contra cualquiera de los ocupantes de la vivienda. 
En la misma resolución en que se acuerde la entrega de la posesión de la vivienda al demandante y el desalojo de los ocupantes, se ordenará comunicar tal circunstancia, siempre que se hubiera otorgado el consentimiento por los interesados, a los servicios públicos competentes en materia de política social, para que, en el plazo de siete días, puedan adoptar las medidas de protección que en su caso procedan. (art.441.bis de la LECivil).
•    Si el demandado o demandados no contestaran a la demanda en el plazo legalmente previsto, se procederá de inmediato a dictar sentencia. La oposición del demandado podrá fundarse exclusivamente en la existencia de título suficiente frente al actor para poseer la vivienda o en la falta de título por parte del actor. La sentencia estimatoria de la pretensión permitirá su ejecución, previa solicitud del demandante, sin necesidad de que transcurra el plazo de veinte días previsto en el artículo 548. (plazo de veinte días que hay que esperar para la ejecución de las resoluciones judiciales)  (art.444.1bis LECivil)

En principio parece un gran avance esta reforma y no podemos decir que no suponga un paso hacia delante pero, ¿realmente es lo que se esperaba o como decíamos en el enunciado se ha quedado corto?
La realidad nos mostrará la solución a esta pregunta, sin embargo, a priori, esta reforma deja muchas preguntas en el aire.
¿Por qué la reforma solo comprende a  las viviendas? ¿El bien jurídico que se trata de proteger que es el derecho de propiedad no se tiene también sobre los locales de negocio, u otros inmuebles?
Es igualmente propietario el dueño de un local de negocio que se ha ido de vacaciones y a la vuelta ve como su panadería, bar o frutería ha sido ocupada y sin embargo se le obliga a acudir a la tortuosa vía penal o a los no siempre fructuosos cauces civiles del desahucio por precario (art.250.1.2º) o el verbal para la efectividad de los derechos reales inscritos (art.250.1.7º)
¿Por qué se establecen también limitaciones subjetivas? Pensemos en los cooperativistas de una Cooperativa de viviendas cuando prácticamente han terminado de construirlas y ven como son ocupadas, no pueden acudir a esta vía. O la constructora de una promoción de viviendas en las que los futuros propietarios han estado haciendo entregas a cuenta de la futura compraventa y antes de procederse a la entrega de las viviendas, son ocupadas. El propietario sigue siendo la constructora y no puede acudir a este procedimiento.
Y así son muchos los supuestos que la realidad nos va a ofrecer.
Por otro lado este procedimiento para aquellos casos en que se pueda acudir al mismo ¿es tan ágil? 
Si se compara con lo que había antes sí, pero cuando se dota al ciudadano de mecanismos para la protección de sus derechos, muchos más rápidos, estos deben ir acompañados de dotación de medios materiales humanos y materiales  en la Administración de Justicia para que esa celeridad que se presupone, se haga efectiva, mientras tanto, el paso esta dado, el salto hacia un verdadero avance aún se espera.
 

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