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CLÁUSULA SUELO CONDENA EN COSTAS A ENTIDAD BANCARIA ALLANADA A LA DEMANDA

 

Traemos hoy a colación la reciente sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 1 bis de Toledo, nº 1035/2018, de 24 de julio de 2018, por la que se declara nula la cláusula de limitación a los tipos de interés inserta en una escritura de préstamo hipotecario concedido por Banco Castilla La Mancha, S.A., condenándose a dicha entidad a la devolución de las cantidades cobradas en exceso por aplicación de dicha cláusula suelo, y al pago de las costas causadas.

 

Lo singular de la resolución es que, en este caso, la entidad bancaria se había allanado a la demanda, es decir, había aceptado que la demandante tenía derecho a la tutela judicial que solicitaba en la demanda, mostrando conformidad con lo pedido en la misma. Allanamiento que tenía como finalidad intentar acogerse a lo establecido en el artículo 395 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en cuya virtud, “Si el demandado se allanare a la demanda antes de contestarla, no procederá la imposición de costas salvo que el tribunal, razonándolo debidamente, aprecia mala fe en el demandado. Se entenderá que, en todo caso, existe mala fe, si antes de presentada la demanda se hubiese formulado al demandado requerimiento fehaciente y justificado de pago, o si se hubiera iniciado procedimiento de mediación o dirigido contra él solicitud de conciliación”.

 

En atención a dicho precepto, alegó la entidad bancaria no haber recibido requerimiento alguno por parte de la demandante, lo que impedía, a su juicio, estimar que hubiera actuado de mala fe y, por tanto, dicho allanamiento debía dar lugar a una sentencia estimatoria, pero sin imposición de costas.

 

Hay que añadir que, con carácter previo a acudir al Juzgado, se formuló por la demandante, con el asesoramiento de Rodrigo Abogados, una reclamación previa a la entidad bancaria, mediante correo electrónico dirigido al departamento de cláusulas suelo establecido por la entidad bancaria, y ello al amparo de lo establecido en el Real Decreto 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, en el que se estableció un sistema extrajudicial al conflicto de las cláusulas suelo que, en teoría, debía facilitar que los consumidores pudieran recuperar de manera fácil y ágil lo abonado en exceso, y que, lamentablemente, ha tenido poco éxito en la práctica.

 

Como es conocido, dichos requerimientos suelen ser respondidos por las entidades bancarias con rechazos basados en los más variados -y a veces pintorescos- motivos y, en ocasiones, simplemente con la negativa a responder por escrito, como sucedió en el caso que comentamos, alegándose luego por la entidad que no se podía entender acreditada la existencia de un requerimiento previo y fehaciente, pues no constaba en ningún caso que dicho correo electrónico hubiera sido realmente recepcionado por la entidad demandada, por lo que no procedía la condena en costas.

 

Dicha alegación es rechazada contundentemente por la Sentencia recaída, “apreciándose mala fe por parte de la entidad demandada”, y ello porque, en primer lugar, el citado Real Decreto modificó la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de costas en procedimientos de cláusulas suelo, eliminando el requisito de la fehaciencia del requerimiento, el cual simplemente debe acomodarse al específico sistema de reclamación previa a la interposición de demandas judiciales establecido por las entidades bancarias, señalando que si el consumidor interpusiera una demanda sin haber acudido a dicho procedimiento extrajudicial, en caso de allanamiento de la entidad antes de la contestación a la demanda, se considerará que no existe mala fe a efectos de lo previsto en el precitado artículo 395 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

 

Y, en segundo lugar, porque había quedado acreditado el envío de la reclamación a la dirección de correo electrónico designado y publicitado por la propia entidad bancaria para que los clientes puedan presentar reclamación sobre estas cuestiones por vía telemática, efectuándose por tanto la reclamación conforme a lo previsto en el citado Real Decreto, no desvirtuándose la mala fe del régimen general de los allanamientos con requerimiento previo.

 

El letrado de Rodrigo Abogados interviniente en el caso, Luis Miguel Escarpa Polo, muestra su satisfacción por cuanto la sentencia admite la validez de la reclamación efectuada por vía telemática a través de la dirección electrónica a tal efecto designada por la entidad bancaria, al tiempo que se rechaza la estrategia de algunas entidades bancarias que eluden dar respuesta escrita a las reclamaciones que les son formuladas, confiando en que quizás los consumidores decidan finalmente no interponer demanda judicial y, caso de efectuarlo, poder allanarse alegando no haber recibido reclamación alguna, intentando torticeramente evitar la condena a pagar los gastos judiciales causados injustamente a la parte actora.

 

Se confirma así que, para obtener una condena en costas a la entidad bancaria, es necesario haber acudido al sistema de reclamación extrajudicial establecido por el Real Decreto, como norma especial que prevalece sobre el criterio general de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Si no se efectúa reclamación previa, o si ésta se realiza fuera del cauce establecido en el Real Decreto 1/2017, difícilmente podrá condenarse a la entidad bancaria aun cuando se allane a la demanda.

 

Rodrigo Abogados

 

 

 

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