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La inviolabilidad del domicilio y la obstrucción a la inspección urbanística

 

 

A veces se tipifica como una infracción administrativa de obstrucción a la inspección urbanística la conducta del administrado que no permite el acceso a su finca a los agentes que tienen encomendada tal inspección cuando quieren realizar actuaciones de comprobación de presuntas conductas infractoras.

 

Pues bien, el ejercicio por un administrado de su derecho constitucional a la inviolabilidad del domicilio por el administrado nunca puede constituir una conducta de obstrucción a la labor inspectora, como tienen reiteradamente establecido los Órganos Jurisdiccionales. De este modo, la Sentencia 862/2014 de 7 de octubre de 2014 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, (rec. 240/2013) reiterando lo criterios jurisprudenciales establece:

 

“A juicio de este Tribunal, no cabe duda alguna de que en los supuestos de oposición del interesado a la entrada en su domicilio, en supuestos donde se lleve a cabo una actividad inspectora, incluida la urbanística, la Administración deberá obtener la preceptiva autorización judicial. En efecto, las aproximaciones doctrinales al asunto que nos ocupa acreditan, como en realidad no puede ser de otra manera, que las inspecciones urbanísticas no presentan ninguna particularidad en este punto respecto de las demás. Por tanto, aunque el legislador estatal, en los arts. 91.2 LOPJ y 8.6 LJCA, ya citados, circunscribe la exigencia de la autorización judicial a las entradas domiciliarias en ejecución forzosa de un acto administrativo, el Tribunal Constitucional, en su Sentencia 50/1995, de 23 de febrero, ha extendido el requisito de la intervención judicial a la actividad administrativa de inspección, por lo que aquélla será imprescindible siempre que ésta haya de practicarse en lugares que tienen la consideración de domicilio a efectos de lo dispuesto en el art. 18.2 de la Constitución.

(…/…)

Por tanto, si ante la negativa de un administrado a la entrada en su domicilio a efectos de llevar a cabo una inspección urbanística, se requiere de la preceptiva autorización judicial, es claro que aquél ciudadano que impide la entrada en su domicilio a los inspectores por carecer estos de dicha autorización, no incurre en la infracción administrativa imputada -negativa u obstrucción de la labor inspectora-, prevista en el art. 204.3.d) de la ya citada Ley 9/2001 , sino que tal actitud supone un justo, cabal y legítimo ejercicio de un derecho fundamental reconocido en la Constitución, y que, como tal, vincula a todos los poderes públicos, tal como establece el art. 53.1 de la Constitución.

En el caso presente la Administración no solicitó ni obtuvo la correspondiente autorización judicial para la entrada, resulta claro, en aplicación de las consideraciones expuestas, que el apelante no pudo cometer la infracción imputada en el supuesto de que no hubiese permitido la entrada a los agentes o técnicos que carecían de la necesaria y preceptiva autorización judicial, y por tanto, procede la declaración de nulidad de la sanción indebidamente impuesta”.

 

Es más, la propia sentencia expone, fundándose en la Jurisprudencia Constitucional, que la inviolabilidad del domicilio alcanza a la parcela en la que se encuentra la vivienda, añadiendo en el Fundamento Tercero:

 

“TERCERO.- La sentencia de 27 de junio de 2014 (recurso de apelación 1753/2012 ), igualmente rechaza concretamente que no se precise autorización judicial incluso en el caso de que el inspector urbanístico requiera la entrada en la parcela y no en la vivienda: "que dicha alegación debe reputarse disconforme con la doctrina constitucional establecida, entre otras, en la Sentencia del Tribunal Constitucional 10/2002, de 17 de enero, expresamente invocada por la parte apelada, según la cual con carácter general, hemos declarado que el domicilio inviolable es un espacio en el cual el individuo vive sin estar sujeto necesariamente a los usos y convenciones sociales y ejerce su libertad más íntima. Por ello, a través de este derecho no sólo es objeto de protección el espacio físico en sí mismo considerado, sino lo que en él hay de emanación de la persona y de esfera privada de ella" ( SSTC 22/1984, de 17 de febrero, FJ 5; 137/1985, de 17 de octubre, FJ 2; 69/1999, de 26 de abril, FJ 2; 94/1999, de 31 de mayo, FJ 5; 119/2001, de 24 de mayo , FFJJ 5 y 6)”.

 

 

Debemos, por tanto, concluir que si la negativa del administrado a permitir la entrada en su domicilio a los agentes de la inspección urbanística es sancionada como obstrucción a la inspección urbanística, tal sanción es nula de pleno, de conformidad con el artículo 47.1 a) de la LPACAP, puesto que infringe la inviolabilidad del domicilio que es un derecho fundamental reconocido en el artículo 18.2 de la Constitución.

Hacemos nuestras las palabras de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 31 de marzo de 2011, de la Sección 2ª, recaída en el recurso de apelación 301/2010, que expresa de forma contundente:

 

“Es decir si el ayuntamiento entiende que es necesario acceder a un domicilio particular para realizar una inspección y se le deniega la entrada, lo procedente es solicitar autorización judicial al juzgado contencioso-administrativo, pero no puede imponer una sanción a un particular que está ejerciendo un derecho constitucional el derecho a negarse a que entren en su domicilio sin autorización judicial”.

 

Nunca puede ser motivo de sanción el ejercicio de un derecho constitucional, por más que la Administración lo quiera ver como un obstáculo al ejercicio de sus potestades administrativas, puesto que la Constitución y los derechos fundamentales que recoge prevalecen y son el límite a la actuación de la Administración en un Estado de Derecho como el nuestro.

 

Antonio Mª. Martín García

Abogado (Dpto. de Urbanismo Rodrigo Abogados S.L.P)

 

 

 

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