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LOS PROGRAMAS DE COMPLIANCE, QUE TAMBIÉN PREVIENEN DELITOS DENTRO DE LAS EMPRESAS, ¿PRÓXIMA IMPOSICIÓN DE LAS ASEGURADORAS?

 

 

El pasado día 5 de julio de 2018 se emitía, por parte del Consejo General del Poder Judicial, una nota de prensa relativa a una Sentencia dictada por el Tribunal Supremo, en relación a la condena de cuatro años de prisión que se imponía a un exadministrador de una sociedad, por cometer delitos de apropiación indebida y administración desleal, en perjuicio de la sociedad administrada.  

 

En síntesis, tal y como se expone en la nota de prensa, el condenado, administrador de la empresa, tomaba dinero en efectivo de la caja y realizaba transferencias a sus cuentas personales del dinero de la sociedad, causando un perjuicio a ésta un perjuicio de dos millones de euros.  

 

Pues bien, tal y como nos indica el magistrado Magro Servet, la existencia en la empresa de un programa de cumplimiento, o Compliance program, al que hace mención el artículo 31 bis del Código Penal, para exonerar a la empresa de responsabilidad penal, para los supuestos en los que ésta se vea beneficiada por delitos cometidos por sus trabajadores o administradores, también tiene una gran utilidad para evitar, ad intra, delitos que se puedan cometer por parte de los trabajadores o administradores, en perjuicio de la sociedad para la que prestan sus servicios. 

 

 

Así, es evidente que si la sociedad perjudicada hubiese contado con un programa de cumplimiento penal, además de prevenirse la comisión de delitos que pudiesen beneficiar a la sociedad, también se habría dificultado la comisión de aquellos que la hubiesen perjudicado, puesto que, conforme nos indica el artículo 31 bis. 5 del Código Penal, tal modelo requiere: 

 

“ 1.º Identificarán las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos. 

 

2.º Establecerán los protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas con relación a aquéllos. 

 

3.º Dispondrán de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la comisión de los delitos que deben ser prevenidos. 

 

4.º Impondrán la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención. 

 

5.º Establecerán un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establezca el modelo. 

 

6.º Realizarán una verificación periódica del modelo y de su eventual modificación cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, o cuando se produzcan cambios en la organización, en la estructura de control o en la actividad desarrollada que los hagan necesarios.” 

 

 

Consecuentemente, y cumpliendo dicho programa con la estructura a que se hace mención, también, en el artículo 31 bis. 2 del Código Penal, el mismo podría tener una doble y muy importante utilidad: 

 

  • De un lado serviría para evitar la declaración de responsabilidad penal de la empresa, para supuestos en los que se hubiese cometido por trabajadores o representantes algún delito en beneficio de la sociedad. 

  • Pero también tendría una gran utilidad en el sentido de evitar, mediante el establecimiento de los controles correspondientes, la comisión de delitos en perjuicio de la propia empresa.

 

Y todo ello, por cuanto, tal y como nos recuerda el ponente, D. Vicente Magro Servet en la Sentencia a la que se hace mención por parte del Consejo General del Poder Judicial: 

 

“Una buena praxis corporativa en la empresa es la de implementar estos programas de cumplimiento normativo que garanticen que este tipo de hechos no se cometan, o dificulten las acciones continuadas de distracción de dinero, o abuso de funciones que un buen programa de cumplimiento normativo hubiera detectado de inmediato…”. 

 

Se hace así evidente como resulta sumamente necesario, para nuestras empresas, contar con los correspondientes programas de cumplimiento normativo; que establezcan los controles a que haya lugar, encaminados a evitar la comisión de delitos en el seno de la empresa, tanto en su beneficio como en su propio perjuicio.

 

Más aún, tal y como se expone en la resolución de referencia, es previsible, incluso, que las compañías de seguro exijan a las empresas contar con programas de cumplimiento normativo, que minoren los riesgos de padecer dichas actuaciones, como requisito para que opere la cobertura de responsabilidad civil. Tanto en supuestos en los que el delito se haya cometido en beneficio de la sociedad, como en su perjuicio. Y ello, por cuanto de no existir tales programas de cumplimiento, resultaría evidente que la empresa no ha llevado a cabo una labor mínimamente diligente y preventiva de los riesgos que le son inherentes en su actuar.

 

 

Diego Martín Fernández 

Abogado. Doctorando. 

 

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