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SOBRE LA POSIBILIDAD DE REPARTIR, O NO, EL FONDO DE RESERVA OBLIGATORIO DE LAS COOPERATIVAS

 

Bajo este título tan largo y poco atractivo pretendemos enmarcar este breve artículo relativo a la repartibilidad o irrepartibilidad de uno de los fondos que ha de tener toda sociedad cooperativa, esto es, el fondo de reserva obligatorio. Al albur del boom inmobiliario vivido hace unos años se crearon numerosas sociedades cooperativas que tenían por objeto el promover en el sector de la construcción viviendas que posteriormente serían adjudicadas a sus socios. Pero no es sólo en el sector de la construcción en el que afloraron este tipo de sociedades, sino que también son frecuentes en otros ámbitos (agrario, enseñanza, educación, etc).

 

Para fijar el marco normativo de las sociedades cooperativas debemos de acudir primeramente a lo recogido en sus respectivos estatutos así como a lo dispuesto en la Ley 11/2010 de Sociedades Cooperativas de Castilla-La Mancha, aprobada el 4 de noviembre de 2.010 y que recientemente ha sido objeto de alguna modificación por Ley 4/2017, de 30 de noviembre, dictada por las Cortes de Castilla-La Mancha. Esta normativa se aplica a todas aquellas sociedades cooperativas que desarrollen principalmente su actividad en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, sin que sea obstáculo el que puedan llevar a cabo operaciones con terceros no socios fuera de este ámbito territorial.

 

Los artículos 90 y siguientes de la Ley 11/2010 establecen la existencia de cuatro tipos de fondos: obligatorio, promoción y formación cooperativa, voluntario y fondo de reembolso. Pues bien, ahora nos fijaremos en el primero de los fondos, esto es, el obligatorio destinado a la consolidación, desarrollo y garantía de la cooperativa. En cuanto a forma de “nutrir” este fondo, indicar que es en el artículo 88 de aquélla Ley dónde se indica cómo hacerlo, estableciéndose de qué partidas y/o conceptos se tiene que alimentar y los porcentajes. No entraremos en este artículo en esas cuitas contables pues además de poder errar resulta demasiado ambicioso para este post.

 

Pero una vez tenemos ese fondo, con poco o mucho patrimonio. ¿Se puede repartir entre sus socios? Pues bien, en este punto debemos conjugar tanto las previsiones estatutarias como las legales. Así, si los estatutos sociales de la cooperativa no establecen expresamente la repartibilidad del fondo de reserva obligatorio tendríamos que éste es irrepartible. ¿Qué puede hacer en este caso la cooperativa que no tenga establecido en sus estatutos esta repartibilidad? Pues la solución pasa por modificar los estatutos sociales y acordar la repartibilidad del fondo, en cuyo caso sí se podría distribuir entre sus socios cuando la cooperativa se liquidara. En este caso, lo que la Ley impone es que no podrá liquidarse la cooperativa hasta que no transcurran tres años desde la aprobación de los nuevos estatutos. Por tanto, se podría sortear esa primera irrepartibilidad en repartibilidad con la adaptación de los estatutos a las previsiones de la legislación autonómica.

 

Pero dicho esto, entramos en la segunda cuestión. ¿Se puede repartir todo el fondo de reserva obligatorio? En este punto es dónde la legislación castellanomanchega ha introducido una modificación en virtud de la Ley 4/2017 de 30 de noviembre, modificación normativa que seguramente obedezca a un “fallo” u “olvido” del legislador del 2.010 como seguidamente veremos. En efecto, en el texto normativo de 2.010 se establecía que la repartibilidad podría ser “parcial” (sin más), esto es, sin establecer porcentaje alguno. ¿Qué ha ocurrido? Pues que algunas cooperativas que han contado con un buen asesoramiento (en esto no pecamos de inmodestia si decimos que desde Rodrigo Abogados así lo hemos hecho) aconsejaron a sus clientes el que adaptaron sus estatutos establecido que el porcentaje “parcial” de repartibilidad era del 99,9%, con lo cuál en la práctica todo el fondo el fondo de reserva obligatorio era repartido entre los socios cooperativos.

 

Pero la situación ha cambiado a raíz de la Ley 4/2017 pues el legislador seguramente al ir comprobando como se colaban estos porcentajes sin poder hacer nada, decidió introducir una cortapisa al porcentaje de reparto, indicándose que aprobado el régimen de repartibilidad en los estatutos sociales éste nunca podrá ser superior al cincuenta por ciento del mismo. Sencillo, donde antes únicamente se establecía el régimen parcialmente repartible y sin fijar porcentaje alguno ahora se dice que sigue siendo parcialmente repartible y nunca en un porcentaje superior al cincuenta por ciento.

 

Seguramente por la materia tan farragosa que tratamos y que la explicación no tan clara como se pretende recomendar a las sociedades cooperativas que antes de adaptar estatutos consulten a un profesional sobre esta cuestión, teniendo las puertas de Rodrigo Abogados abiertas para aquéllas que lo precisen.

 

José A. Mínguez

Abogado

 

 

 

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