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A partir del 9 de septiembre de 2018, aquellos que pretendan contratar con la Administración a través de un procedimiento abierto simplificado, deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro Autonómico correspondiente.

 

 

Si bien la obligatoriedad de la inscripción en el referido Registro tradicionalmente se limitaba a los supuestos de clasificación de las empresas y las prohibiciones de contratar, siendo en todos los demás casos voluntaria, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), ha introducido un supuesto más de obligatoriedad de la inscripción y es en aquellos casos en los que el cauce utilizado para la adjudicación del contrato sea el procedimiento abierto simplificado.

 

Estando concebido dicho procedimiento, según establece la Exposición de Motivos, “para que su duración sea muy breve y la tramitación sea muy sencilla”, en su regulación se reducen los plazos y se simplifican los trámites, dándose entrada a la obligación de inscripción a la que nos referimos, a través de la cual lo que se pretende es evitar que el contratista deba presentar la documentación acreditativa de su capacidad y solvencia.

 

Teniendo en cuenta este novedoso requisito y a fin de que cada cual pueda determinar la necesidad que tiene de dar o no cumplimiento al mismo antes de su entrada en vigor que, según dispone la Disposición Final Decimosexta de la LCSP, tendrá lugar, como se ha dicho, el 9 de septiembre de 2018, importante será determinar en qué supuestos la Administración puede adjudicar un contrato a través de un procedimiento abierto simplificado pues, como veremos, éste no es de aplicación a todos los contratos administrativos.

 

Según dispone el artículo 159 de la LCSP, la Administración sólo podrá acordar la utilización de este procedimiento en la adjudicación de contratos de obras, suministro y servicios (quedando excluidos, por tanto, el contrato de concesión de obra y el contrato de concesión de servicio), y siempre y cuando se cumplan dos requisitos:

  1. Que su valor estimado sea igual o inferior a 2.000.000 de euros en el caso del contrato de obra, y en el caso de los contratos de suministro y servicios, igual o inferior a 100.000 euros.

  2. Que entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya ninguno evaluable mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderación no supere el veinticinco por ciento del total, salvo en el caso de que el contrato tenga por objeto prestaciones de carácter intelectual como los servicios de ingeniería y arquitectura, en que su ponderación no podrá superar el cuarenta y cinco por ciento del total.

 

 

Cumplidos estos requisitos y siendo posible la utilización del procedimiento abierto simplificado, la norma ajusta su tramitación a una serie de especialidades, entre las que se encuentra  la exigencia a la que nos referimos, y es que todos los licitadores que participen estén inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en el de la Comunidad Autónoma en la que se licite el contrato, siendo importante reseñar que la inscripción en cualquiera de ellos permitirá acreditar lo mismo, esto es, la capacidad del contratista, su solvencia económica, financiera y técnica o profesional y que no está incurso en ninguna prohibición de contratar, pero si la misma está realizada en el primero de los Registros citados lo será ante todos los órganos de contratación de sector público y si lo está en el segundo, sólo lo será a efectos de contratación con la Comunidad Autónoma que se trate, con las entidades locales incluidas en su ámbito territorial y con los demás entes, organismos dependientes de una u otros.

 

La inscripción en el Registro, que podrán interesarla tanto las personas físicas como las jurídicas, tendrá vigencia indefinida, estando obligados los empresarios inscritos a poner en conocimiento de dicho Organismo cualquier variación que se produzca en los datos en él reflejados, así como cualquier circunstancia que determine, en cualquier momento, la concurrencia de una prohibición de contratar que deba ser inscrita.

 

La omisión de dicha comunicación tiene efectos importantes porque si en la misma media dolo, culpa o negligencia, dará lugar a la suspensión de la inscripción y hará incurrir al contratista en causa de prohibición de contratar (artículo 71.1.e de la LCSP); circunstancia que será inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en el equivalente en el ámbito de la Comunidad Autónoma, previa la tramitación del correspondiente procedimiento, y que determinará, caso de que la declaración de la prohibición de contratar se produzca, la imposibilidad para la empresa en cuestión de contratar con el sector público durante el plazo de la resolución indique, el cual no podrá exceder de tres años a contar desde la fecha de la inscripción  de la misma en el Registro correspondiente.

 

Para finalizar, precisar que, en el caso de Castilla-La Mancha, el Registro Oficial de Licitadores de la Comunidad Autónoma está adscrito a la Secretaría General de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, estando regulado su régimen funcionamiento electrónico por una Orden de la citada Consejería de 27 de marzo de 2013, la cual, entre otras cuestiones, regula el procedimiento de inscripción y la documentación a aportar, estableciendo que si presentada la solicitud transcurre el plazo de tres meses sin que se haya resuelto, deberá entenderse que la misma ha sido estimada por silencio administrativo.

 

Mª Pilar Viana Lozoya

Abogada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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