C/ Carmen 3, 19001 Guadalajara -- Avda. General Villalba cv Calle Medinilla 2, 45003 Toledo -- Pso. de la Castellana 141 -Plta. 19 Edificio CUZCO IV, 28046 Madrid
  • Rodrigo Abogados
  • Rodrigo Abogados

EXTINCIÓN DEL CONTRATO POR COBERTURA REGLAMENTARIA DE LA PLAZA EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

 

El acceso al empleo público, bien mediante relación laboral de carácter fijo, bien mediante relación funcionarial sujeta al Derecho Administrativo, precisa hacerse con respeto de los principios de igualdad, mérito y capacidad previstos en el artículo 103.3  de la Constitución. Para ello resulta necesario superar un proceso selectivo convocado con publicidad y conforme a las bases que lo hayan de regir. Esta exigencia en el ámbito de las Administraciones públicas supone que las irregularidades y uso abusivo de la contratación laboral temporal no conlleve que la relación que vincula al empleador público y al empleado se convierta en fija, como sí sucede en el ámbito de las empresas privadas al preverlo los números 3 y 5 del artículo 15 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Ante estas situaciones, surgió la figura jurídica del contrato indefinido-no fijo diferenciándolo del contrato temporal y del fijo, si bien con una ausencia total de regulación de su régimen jurídico propio, puesto que el Estatuto Básico del Empleado Público lo reconoce, pero no establece y concreta la regulación de sus elementos esenciales.

 

Dicha ausencia de regulación del régimen jurídico de la figura del contrato indefinido-no fijo ha dado pie a que se planteen numerosas controversias, en especial respecto a las consecuencias del cese de los trabajadores indefinidos no fijos de las administraciones públicas, especialmente el derecho a percibir o no una indemnización y la cuantía de la misma. A partir del año 2014, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo vino fijando doctrina y estableciendo el criterio que en los casos de cese de los trabajadores de las administraciones públicas con relación laboral indefinida-no fija les correspondería percibir la indemnización prevista en la letra c) del artículo 49.1 del Estatuto de los Trabajadores, es decir, “una indemnización de cuantía equivalente a la parte proporcional de la cantidad que resultaría de abonar doce días de salario por cada año de servicio”.

 

Sin embargo, más recientemente la Sala de lo Social el Tribunal Supremo se ha replanteado el tema de la cuantía de la indemnización que corresponde reconocer en estos casos, habiéndolo hecho a raíz de la Sentencia núm. 257 de 28 de marzo de 2017 (RJ 2017/1808), procediendo a cambiar su doctrina y estableciendo que en los casos de extinción del contrato de trabajo indefinido no fijo por cobertura reglamentaria de la plaza se reconozca la indemnización de veinte días por año de servicio con el límite de doce mensualidades prevista para los despidos por causas objetivas en el artículo 53.1 b)  en relación con los apartados c) y d) del artículo 52 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

 

En dicha sentencia el Tribunal Supremo mantiene que se hace dicha equiparación no porque se considere que la situación descrita es encuadrable en alguno de los supuestos de despido por causas objetivas previstos en el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, sino por entender que en estas extinciones el cese de la relación laboral se produce por circunstancias objetivas asimilables a las que el legislador ha considerado que procede la extinción indemnizada del contrato.  

 

Este cambio de doctrina de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo para los casos de extinción de relaciones laborales indefinidas pero no fijas en los que la plaza “ocupada” termina siendo cubierta por quién ha logrado la adjudicación de la plaza en virtud de un proceso selectivo tiene especial relevancia. Ello supone el reconocimiento de una indemnización en una situación totalmente objetiva en la que el cese se produce precisamente en estricto cumplimiento de la legalidad en materia de acceso al empleo público. En estas situaciones antes de este cambio jurisprudencial se reconocía a lo sumo una indemnización de doce días por año de servicio, pero años atrás incluso no se reconocía indemnización alguna.

 

Guillermo-Juan Barrera Prieto.

Abogado        

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload