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A propósito de la Sentencia de “La Manada”

 

 

El pasado 26 de abril se dio a conocer el texto de la Sentencia dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra en el caso popularmente conocido como “La manada”. Los hechos ocurrieron en la madrugada del 7 de julio de 2016 en Pamplona, durante las fiestas de “San Fermín”. La víctima, de dieciocho años en el momento de producirse los hechos, se encontraba con cinco varones de edades comprendidas entre los veinticuatro y veintisiete años cuando fue introducida por estos en un portal y compelida, en contra de su voluntad, a realizar diversas actuaciones de índole sexual, incluyendo varias penetraciones por vía bucal, vaginal y anal. Durante los hechos, los autores grabaron seis videos e hicieron dos fotografías con sus teléfonos móviles. Tras los hechos, los cinco autores abandonaron el lugar escalonadamente, llevándose uno de ellos el teléfono móvil de la víctima, habiendo retirado del mismo, previamente, la tarjeta de memoria y la SIM. Una vez que se encontraba sola en el portal, la víctima se vistió y, al comprobar que le habían quitado el teléfono (y por tanto no podría contactar con la persona con la que había ido de viaje a Pamplona), salió a la calle llorando y se sentó en un banco completamente desconsolada. Allí la encontraron dos personas que pasaban por el lugar, quienes llamaron a la policía, iniciándose, a partir de ese momento, las labores propias de la investigación.

 

Los hechos probados dan veracidad al testimonio de la víctima, testimonio que ha venido manteniéndose tanto en sede policial, como en instructora, como en el acto del juicio oral. En este sentido, entiende el Tribunal que su declaración cumple los requisitos que exige nuestra Jurisprudencia para constituir prueba de cargo, ya que cuenta con coherencia objetiva, persistencia en la incriminación y ausencia de motivos espurios. A ello la sentencia añade otras pruebas que corroboran los hechos, como el testimonio de las personas que encontraron a la víctima en la calle después de los hechos, o las declaraciones de los agentes que intervinieron en las diligencias policiales. Fundamental ha sido para el tribunal la existencia de seis vídeos y dos fotografías tomadas por los propios autores con sus teléfonos móviles. Estos documentos audiovisuales han servido al Tribunal, como prueba objetiva, para dar veracidad a la declaración de la víctima y probar la inexistencia de consentimiento por su parte.

 

En cuanto a la calificación jurídica de los hechos descritos, el Tribunal ha condenado a los cinco autores a los siguientes delitos y penas:

- Por el delito continuado de abuso sexual agravado con prevalimiento, previsto en el artículo 181.4 del Código Penal, en relación con el artículo 181.3, a la pena de nueve años de prisión, quince años de alejamiento de la víctima y cinco años de libertad vigilada que se ejecutarán con posterioridad a la pena de prisión.

- Por el delito de hurto, y sólo respecto del autor que se apropió del teléfono móvil de la víctima, a la pena de multa de dos meses, con una cuota diaria de quince euros.

 

Conviene detenerse en el delito de abuso sexual y su distinción con el delito de agresión. La diferencia entre ambos radica en el medio comisivo, es decir, en los medios que emplea el autor para vencer la ausencia de consentimiento de la víctima. En este sentido, estaremos ante un delito de agresión sexual cuando la conducta se haya realizado mediando violencia o intimidación, mientras que, en el resto de los supuestos, nos hallaremos ante un delito de abuso. Por lo tanto hablaríamos de abuso en los casos de víctima privada de sentido, en los supuestos de abuso de superioridad… Es precisamente este abuso de superioridad el que se prevé en el artículo 181.3 mediante la figura del prevalimiento. Tanto en el caso de la agresión como en el del abuso, se prevé una figura agravada cuando en la conducta sexual se produce penetración vaginal, anal o bucal o introducción de miembros u objetos por las dos primeras vías.

 

La pregunta que la sociedad se hace estos días es clara, ¿qué se entiende por violencia o intimidación? ¿Dónde están los límites? Hasta ahora, lo que viene diciendo la Jurisprudencia es que la violencia se entiende como el uso de la fuerza física, debiendo tratarse de fuerza suficiente para vencer la resistencia de la víctima. Si bien debemos tener presente que no puede exigirse una resistencia heroica, simplemente una actitud normal, si algo puede considerarse normal en una situación tan traumática como la que hablamos. En lo que se refiere a la intimidación, el otro medio comisivo de los delitos de agresión sexual, se define como la amenaza de un mal en la víctima, en este caso, la fuerza no sería tanto física como psicológica. En cuanto a la intensidad de esta intimidación, nos encontramos en el mismo supuesto que con la fuerza, bastará que la intimidación sea suficiente para que la víctima realice la conducta a pesar de su falta de consentimiento.

 

En el caso que nos ocupa, se ha apreciado la inexistencia de violencia, porque no se ha acreditado, y de intimidación al entender que, en base a la doctrina jurisprudencial expuesta, no se ha acreditado que se profiriese ningún tipo de amenaza a la víctima. En cualquier caso, la Jurisprudencia cambia con la sociedad, y tendremos que esperar a que se resuelvan los recursos correspondientes, ya que las partes han manifestado su voluntad de recurrir la sentencia.

 

Lorena Loeches Ruiz

Abogada

 

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