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Cómputo del plazo de caducidad del procedimiento sancionador urbanístico en la Comunidad de Madrid.

 

El procedimiento urbanístico sancionador en la Comunidad de Madrid está regulado en la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, la cual en su artículo 233, con rúbrica “Procedimiento”, establece: “La potestad sancionadora se ejercerá observando el procedimiento establecido al efecto por la legislación general del procedimiento administrativo común y la legislación de la Comunidad de Madrid”.

 

Es decir, se remite, por un lado, al Decreto 245/2000, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora por la Administración de la Comunidad de Madrid que establece en su artículo 14.6:

 

“6. El plazo para dictar resolución será de seis meses contados desde la fecha del acuerdo de iniciación, salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor, todo ello sin perjuicio de la interrupción del cómputo de dicho plazo en los casos de paralización del procedimiento por causa imputable al interesado y de suspensión o aplazamiento previstos en el Reglamento”.

 

Por otro lado, junto a la referida normativa autonómica, se debe acudir a la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por ser la legislación general (estatal) del procedimiento administrativo común,  que en su artículo 21 establece:

 

“2. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento.

 Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.

3. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de tres meses. Este plazo y los previstos en el apartado anterior se contarán:

a) En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación”.

 

La forma de cómputo del referido plazo de caducidad ha sido interpretada reiteradamente por la Jurisprudencia, en los términos que expone la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 10ª, de 28 de septiembre de 2015, nº 581/2015, rec. 66/2013, señalando, en primer lugar, respecto al día inicial del cómputo (“dies a quo”):

 

“Respecto a lo primero, dies a quo, debemos comenzar por recordar la doctrina jurisprudencial interpretativa del art. 42.3.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones y del Procedimiento Administrativo Común y art. 11.1 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora. Según se expresa, entre otras, en la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de noviembre de 2013 (Recurso de casación n.º 251/2011, Ponente D. Juan Carlos Trillo Alonso, Roj STS 5398/2013, F.J. 4º): " El "dies a quo" para el cómputo del plazo de caducidad, al tratarse de un procedimiento iniciado de oficio, es el de la fecha del acuerdo de incoación. Así resulta del artículo 42.3.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común" y en la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de febrero de 2010 (Recurso de casación n.º 4709/2005, Ponente D. Rafael Fernández Valverde, Roj STS 1306/2010, F.J. 9): " debemos indicar que no es acertada la tesis de sentencia, según la cual el "dies a quo " se inicia desde la fecha de la notificación del acuerdo de iniciación, ni la de la parte recurrente, según la cual se inicia a la fecha de la última denuncia, sino que la fecha de inicio es la del acuerdo de iniciación del procedimiento, como establece el artículo 11.1 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora (RPS), al indicar que " Los procedimientos sancionadores se iniciarán siempre de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia ".".

 

Añadiendo dicha sentencia respecto al día final del cómputo (“dies ad quem”):

 

El dies ad quem que debe tomarse en consideración, por otra parte, es el día 15 de diciembre de 2005, fecha de notificación de la resolución sancionadora a la recurrente. No existe controversia entre las partes en cuanto a esta cuestión -folio 364 del expediente administrativo, numeración inferior centrada- que, por lo demás, encuentra su correspondencia con el contenido del art. 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones y del Procedimiento Administrativo Común (" En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver,... ") y con la jurisprudencia sobre la materia. Pudiendo citar, en relación con esta cuestión, la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de marzo de 2008 (Recurso de casación núm. 1608/2004, Ponente D. Eduardo Calvo Rojas, Roj STS 1276/2008, F.J. 3º) en la que se afirma: "Poco o nada explica la Administración recurrente para fundamentar su planteamiento, pero lo cierto es que la conclusión que propugna es contraria a una consolidada doctrina jurisprudencial de la que son muestra, entre otras muchas, las sentencias de esta Sala del Tribunal Supremo de 5 de octubre de 1998 (recurso contencioso-administrativo 7270/1992 ), 20 de octubre de 1998 (recurso contencioso-administrativo 939/1993 ), 12 de abril de 2000 (recurso contencioso- administrativo 241/1998 ) y 1 de octubre de 2001 (recurso contencioso-administrativo 30/2000 ). En todas esas sentencias, referidas a la interpretación que debe darse al artículo 43.4 de la Ley 30/1992 en su redacción originaria, se declara que la fecha para computar el plazo de caducidad debe ser la de la notificación al interesado y no la que aparece en la resolución administrativa. Como destaca la sentencia de 23 de noviembre de 2006 (casación 13/2004 ), esta doctrina jurisprudencial se plasmó luego en la modificación operada en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común por Ley 4/1999, de 13 de enero, disponiendo ahora el artículo 44 que en los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad por el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa. Pero en el bien entendido de que la reforma operada en el año 1999 no vino sino a plasmar de manera expresa en la formulación legal lo que ya resultaba de la norma anterior según la interpretación dada en aquella doctrina jurisprudencial antes mencionada".

 

 

Este criterio jurisprudencial se mantiene vigente en la actualidad, dada la similitud del artículo 21 de la Ley 39/2015 con el artículo 42 de la derogada Ley 30/1992.

 

Por tanto, debemos concluir que el procedimiento sancionador caducará si la resolución es notificada al interesado pasados seis meses desde el acuerdo de incoación de dicho procedimiento, salvo que concurran alguno de los excepcionales supuestos de suspensión recogidos, antes en los artículos 42.5 y 83.3 de la Ley 30/92 y, ahora, en el artículo 22 de la Ley 39/2015. Si bien apuntar respecto a la suspensión del plazo que, como se señala en la reciente Sentencia del TSJ de Madrid de 24 mayo de 2017,  “conviene resaltar que el plazo máximo para resolver y notificar puede ser interrumpido en los supuestos previstos en la ley (artículos 42.5 y 83.3 de la Ley 30/92), pero para que opere dicha suspensión es necesario que se cumplan los requisitos exigidos por la misma y por la jurisprudencia que la interpreta. Recordemos, en todo caso, que dicha posibilidad es excepcional”.

 

Antonio Mª. Martín García

Abogado. Dpto. de Urbanismo.

 

 

 

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