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El contrato menor en la nueva Ley de Contratos del Sector Público

 

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE (en adelante LCSP), entrará en vigor  el próximo 9 de marzo.

 

Numerosas son las novedades que introduce y, entre ellas, merece especial atención la relativa a la regulación de los contratos menores, cuya existencia se mantiene en la nueva regulación, pese a las numerosas voces críticas que la acusan de no respetar, entre otros, los principios de transparencia, publicidad y concurrencia, si bien sometida al cumplimiento de una serie de requisitos absolutamente novedosos.

 

Así, si en la regulación anterior bastaba para concertar un contrato menor prácticamente con que su cuantía no superara determinados umbrales (50.000 Euros en el caso de contratos de obra y 18.000 Euros en los demás), que se aprobara el gasto y se incorporara la factura al expediente de contratación (en el caso de contratos de obra, también el presupuesto, el proyecto cuando la norma lo exigiera y el informe de supervisión en los supuestos del artículo 125 de la LCSP); la nueva Normativa, buscando reducir el uso de esta modalidad contractual, limita los tipos de contratos en los que puede utilizarse (sólo obras, suministros y servicios), minora los umbrales (40.000 Euros para contratos de obras y 15.000 Euros para contratos de suministros y servicios, en ambos casos excluido el I.V.A. –artículo 101 LCSP-) y añade la necesidad de cumplimentar determinados trámites hasta ahora no exigidos.

 

Y es que además, de la aprobación del gasto y de la incorporación de la factura (y del presupuesto, el proyecto y el informe de supervisión, los dos últimos cuando proceda, en caso del contrato de obras), la nueva LCSP requiere que al expediente de contratación se una un informe elaborado por el órgano de contratación en el que:

  • Se motive la necesidad del contrato que se pretende adjudicar.

  • Se justifique que no se está alterando el objeto del contrato para evitar aplicar las reglas generales de la contratación, esto es, se evidencie que no se está fraccionando su objeto para no sobrepasar los umbrales previstos para el contrato menor.

  • Se justifique que el contratista no ha suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen los umbrales antes referidos.

Ahora bien, respecto de esta última exigencia, la Ley peca de una absoluta falta de claridad porque ¿A qué periodo temporal debe referirse la justificación? ¿Se deben computar todos los contratos menores suscritos por un empresario o sólo aquéllos que sean del mismo tipo del que se va a contratar? ¿Y sólo aquellos concertados con la misma Entidad contratante o también los concertados con otras? La Norma no dice  nada.

 

Hay quien considera que el periodo temporal al que debe referirse la justificación es de un año; que si lo que se pretende suscribir es, por ejemplo, un contrato menor de obra, sólo deben computarse los contratos menores de obra que haya suscrito ese empresario en particular; y que lo que importa son los contratos concertados con la misma Entidad contratante y no los que haya suscrito con otras pero, como hemos dicho, la Norma guarda silencio, por lo que difícil lo van a tener los organismos que a partir del día 9 de marzo deben aplicarla, salvo que, como se está anunciando, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa se pronuncie sobre la cuestión, dando contestación a las consultas que por parte de alguna Administración ya se le ha planteado.

 

Junto a estos novedosos trámites, la LCSP añade otro más y es la obligación de publicar los contratos menores en el “perfil de contratante”, con una excepción, pues no será necesario cumplimentar este trámite en aquéllos cuyo valor estimado sea inferior a cinco mil euros y el sistema de pago el de anticipo de caja fija o similar.

 

Según dispone el artículo 63 de la citada Ley, la publicación, en los casos en que deba cumplimentarse este trámite, deberá realizarse, al menos, trimestralmente (nada impide, por tanto, que lo sea con una periodicidad inferior) y deberá informar, al menos, sobre el objeto del contrato, su duración, el importe de la adjudicación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, y la identidad del adjudicatario, ordenándose, dice la Ley, los contratos por tal identidad.

 

Además de publicarse, la relación de los contratos menores celebrados, a excepción de aquéllos con valor estimado inferior a cinco mil euros en los que el sistema de pago sea el anticipo de caja o similar, deberá ser remitida al Tribunal de Cuentas (artículo 335 de la LCSP) y todos ellos deberán ser inscritos en el Registro de Contratos del Sector Público (artículo 346 de la citada Ley).

 

En cuanto a los requisitos que debe cumplir el empresario al que se adjudique el contrato menor son los mismos que ya establecía la anterior regulación: capacidad de obrar y la habilitación profesional necesaria para la ejecución de la prestación de que se trate. Y respecto a la duración del contrato, tampoco la nueva Norma introduce ningún cambio pues, como ya se establecía, no puede ser superior a un año, ni ser objeto de prórroga.

 

Para finalizar, mencionar un supuesto en el que el procedimiento a seguir será el previsto para los contratos menores, aún cuando su cuantía supere los umbrales máximos establecidos, y es la suscripción a revistas, publicaciones o acceso a bases de datos que, cualquiera que sea su cuantía, siempre que no tengan el carácter de contratos sujetos a regulación armonizada, podrá realizarse conforme a las normas establecidas para los contratos menores (D.A. 9ª LCSP).

 

Mª del Pilar Viana Lozoya

Abogada

 

 

 

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