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Retroacción y declaración nulidad de los Planes Generales de Ordenación. Doctrina Jurisprudencial.

 

El Tribunal Supremo en la Sentencia de su Sala 3ª (sec. 5ª) de 22 de noviembre de 2011 establece  como se ha de producir la ejecución del fallo judicial que anula un Plan General y, además,  ordena la retroacción del procedimiento de aprobación del Plan.

Dicha sentencia se dicta como consecuencia de un incidente de ejecución de la previa Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de diciembre de 2008 que anula el acuerdo de aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana de Castellón, por haber introducido modificaciones sustanciales respecto al documento aprobado inicialmente que no fueron sometidas a información pública, ordenándose la retroacción de actuaciones de tramitación hasta la fase de nueva información pública.

Para un mejor entendimiento de las cuestiones debatidas en esa ejecución de sentencia podemos distinguir:

a) POSICIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN URBANÍSTICA DE LA CCAA:

1.- Para dar cumplimiento al fallo anulatorio del PGOU de Castellón la Consejería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo de la Generalidad Valenciana dicta una resolución en la que declaraba ejecutada la sentencia, se ratificaba en la resolución aprobatoria definitiva previa, otorgando a la nueva resolución efectos retroactivos a la fecha de aquella, y  señala:  “Efectuado el segundo trámite de información al público en ejecución de sentencia, el expediente se ha de resolver igualmente teniendo en cuenta la situación legal y fáctica existente en marzo de 2000, momento en el que se dictó el acto de aprobación del Plan General de Castellón. No es aplicable en este caso, por lo tanto, la legislación aprobada con posterioridad a marzo de 2000. La legislación a tener en cuenta ha de ser la misma que se tuvo en cuenta en el acuerdo de aprobación de 1 de marzo de 2000”.

2.- Comunica dicha resolución a la Sala de Instancia que considera cumplida la sentencia  de anulación del PGOU de Castellón y archiva la ejecutoria.

 

b) POSICIÓN DE DIVERSOS AFECTADOS

Diversos afectados pretenden personarse en la ejecutoria:

1) Una Asociación de Vecinos, que había impugnado el Plan, solicitó que se la tuviese por personada en la ejecución de sentencia, por considerar que la sentencia no se había ejecutado y que la Administración trató de ficticiamente de tenerla por ejecutada.

2) Una persona física que justifica su personación en que había comparecido como alegante en el trámite de información pública  practicado por la Administración urbanística y considera que ese trámite se ha sido incorrectamente cumplido y, en consecuencia, no se ha dado cumplimiento a la sentencia del TS que anula el PGOU.

3) Otra persona física que justificaba su personación en que había impugnado en otro procedimiento judicial la resolución aprobatoria del PGOU y que, aunque también había alegado como causa nulidad la falta de información pública, ese motivo no le fue estimado, si bien a su instancia se había declarado la nulidad de ciertas determinaciones del PGOU de Castellón. Consideraba que tenía interés en la ejecución de sentencia y que la misma, pese lo establecido por la sentencia de la instancia, no se podía tener por ejecutada.

 

c) DECISIÓN DEL TSJ EN EL INCIDENTE DE EJECUCIÓN

El TSJ,  que rechaza todas las personaciones, desestima mediante Auto todos los recursos de súplica de los afectados y considera que la sentencia del Tribunal Supremo que confirmaba la anulación del PGOU de Castellón se ha cumplido y ordena el archivo, sin perjuicio de que frente a la nueva aprobación definitiva del Plan pudiesen  interponerse los recursos precedentes.

Los interesados personados recurren en casación ante el Tribunal Supremo dicho Auto.

 

d) DECISIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO (Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo (sec. 5ª) de 22 de noviembre de 2011).

1.- Respecto a la legitimación de los interesados para interesar la cumplida ejecución de la sentencia.

Considera que las circunstancias que concurren en los interesados (los dos primeros en cuanto que han obtenido sentencias anulatorias del PGOU respecto de ciertas determinaciones del mismo y el tercero, al haber comparecido en el trámite de información pública que la sentencia había ordena practicar) son suficientemente demostrativas de su condición de personas afectadas por el fallo, que conforme a los artículos 104.2 y 109.1 de la LJCA, pueden instar la ejecución la cumplida ejecución de la sentencia.

2.- Respecto a la pretensión de los interesados de que la ejecución de la sentencia no ha pasado de ser un simulacro o ficción de ejecución, con manifiesto fraude procesal, al limitarse a abrir un nuevo plazo de información pública, pero manteniendo todas las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana por entender que ninguna había sido declarada nula en la sentencia de la Sala del Tribunal Supremo, que se trata de ejecutar, y sin tener en cuenta, por tanto, la realidad física y jurídica del término municipal al que el Plan General de Ordenación se extiende, sobrevenida con posterioridad al momento de su aprobación provisional, configurada por un nuevo ordenamiento jurídico en vigor y una serie de sentencias firmes que declararon nulas determinaciones del referido Plan General de Ordenación Municipal.

El TS considera que los recurrentes tienen razón señalando:

“Tanto el fundamento jurídico de la resolución administrativa, dando por ejecutada la sentencia, como los argumentos expuestos por la Administración autonómica, que pronunció aquélla, demuestran la sinrazón de la tesis de las Administraciones urbanísticas opuestas al recurso de casación, considerada ajustada a derecho por el Tribunal a quo en los autos recurridos, que por ello contradicen abiertamente los términos del fallo que se debe ejecutar y, hasta ahora, no se ha ejecutado”.

Fundamenta el TS su decisión en que:

“Se olvida la Administración, sobre la que pesa el deber de ejecutar dicha sentencia, y lo mismo la Sala de instancia, que los defectos formales o procedimentales en la elaboración y aprobación de las disposiciones de carácter general, cual es un Plan General de Ordenación Urbana, acarrean, por imperativo de lo establecido en el artículo 62.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, su nulidad radical, de modo que el Plan General de Ordenación Urbana de Castellón de la Plana fue declarado nulo de pleno derecho en nuestra sentencia de fecha 9 de diciembre de 2008 (recurso de casación 7459 de 2004) y, por consiguiente, ese trascendental vicio procedimental, por no haber practicado información pública, contamina al Plan General de Ordenación Urbana aprobado, que es radicalmente nulo, de manera que la información pública, que se debe llevar a cabo de persistir las Administraciones urbanísticas en la aprobación de un Plan General de Ordenación Urbana para el Municipio de Castellón de la Plana, no es una ficción, como insiste la Administración autonómica, sino un trámite imprescindible en la elaboración y aprobación de dicho planeamiento general, que, como tal, ha de ser pleno de contenido, teniendo en cuenta el momento en que se realiza, mientras que las Administraciones urbanísticas lo han considerado, interpretando incorrectamente la retroacción impuesta en la sentencia, como un defecto que, una vez subsanado como si se efectuase al tiempo que debió respetarse el trámite, deja la situación tal y como estaba al momento de haberse aprobado definitivamente el Plan General el 1 de marzo de 2000.

Concluyendo la sentencia:

"Por la razones expuestas al examinar los motivos de casación segundo y tercero invocados por los recurrentes, éstos deben tenerse por legitimados para instar la cumplida ejecución de la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo, de fecha 9 de diciembre de 2008, en el recurso de casación 7459 de 2004, la cual no fue ejecutada con el trámite de información pública, que se practicó sin tener en cuenta el tiempo o momento en el que dicho trámite se lleva a cabo con todas sus circunstancias, por lo que debemos ordenar que nuestra referida sentencia se ejecute en sus propios términos, partiendo de que se declaró nulo de pleno derecho el Plan General de Ordenación Urbana de Castellón de la Plana y, por tanto, que el aludido trámite deberá así tenerlo en cuenta, al igual que las circunstancias materiales y jurídicas del momento en que se practique.”

 

Resulta de la precedente doctrina jurisprudencial que no basta para tener por ejecutada la sentencia de anulatoria de un Plan General y que ordena la retroacción, con la mera reiteración de la información pública omitida, puesto que deberá adecuarse el documento del Plan que se someta a ese trámite, por un lado, a la nueva situación jurídica que se derive de los cambios normativos urbanísticos o sectoriales que se hubieran podido producir, lo que supondría la necesidad nuevos informes sectoriales adecuados a la nueva realidad jurídica existente en ese momento, debiendo, igualmente, tener en cuenta, en su caso, las resoluciones judiciales que se hubieran dictado. De forma paralela el Plan que se someta a la nueva información pública deberá, también, considerar las circunstancias materiales que hubiesen sufrido alguna variación desde la aprobación anulada.

 

Antonio Mª. Martín García

Abogado. Dpto. de Urbanismo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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