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El empleado público, clave del desarrollo económico y social.

El empleado público, clave del desarrollo económico y social.

 

 

No es fácil. Nada que ha resultado serlo se ha quedado sin hacer por mucho tiempo. Sin embargo, es muy necesario lograr que los engranajes de la Administración pública funcionen de manera ordenada, rápida y eficiente. Y no todos los engranajes tienen la misma relevancia, pues de hecho si algunos funcionasen razonablemente bien, otros estarían a régimen de giro diferente, menor, y puede que incluso en stand by.

 

La realidad socioeconómica actual ha descansado en la norma el funcionamiento de los engranajes, dando por hecho su correcto funcionamiento si existe norma que lo regule y delimite, obviando la capital influencia de las personas en el mismo. Se anuncia la llegada del día en que no será así, pues las máquinas y su inteligencia artificial suplirán a las personas y su inteligencia emocional (otro motivo de discusión entre gurús empresariales y que, probablemente, dé lugar a más normas). Sin embargo, hoy las personas que tienen responsabilidades en instituciones públicas, muy grandes o muy pequeñas, son la clave y todas se escudan/esconden en la norma para explicar lo que hacen o no hacen y lo que son o lo que no son en su día a día, sin dejar de criticar tanto lo uno como lo otro. No es diferente en otras organizaciones privadas, de cualquier tamaño, pero las consecuencias de sus disfunciones no las padecemos ni las pagamos entre todos.

 

Desde estas líneas no puedo más que reinvindicar la necesidad de que las personas con responsabilidades en la realización de funciones públicas recuperen cuanto antes su papel de actores principales en la Administración y que sean tenidas muy en cuenta a la hora de identificar las necesidades de los ciudadanos a que dan servicio; los medios, la formación y entrenamiento que necesitan para colmarlas; las modificaciones que requieren las normas que han de aplicar; y, cómo no, el régimen retributivo y el disciplinario, modernos y actuales, que se requieren para terminar de plano con comportamientos que debiliten la organización.  Que hoy una Administración en su conjunto funcione bien nos sorprende a todos, cuando debiera ser justo lo contrario.

 

Cada día suenan con más intensidad conceptos como democracia real, participación o transparencia, sin que a la vez se sienten las bases para que existan cauces para canalizar de manera real y efectiva las inquietudes de la generalidad de las personas y que no se transmuten por las de aquellas que más demandan o más chillan, olvidando a quienes de manera respetuosa y tranquila esperan pacientes el momento en que deben ser escuchados. Hoy llevas el coche al taller e inmediatamente después recibes una o varias llamadas para consultarte por la bondad de las instalaciones, la profesionalidad de la persona que te ha atendido y la realidad de la solución del problema por el que acudiste. ¿Qué impide que se realicen encuestas de satisfacción de los empleados públicos y se establezcan mecanismos de mejora continua de la cualificación de las personas y de las organizaciones? Y ¿Qué impide que los ciudadanos consultados para conocer sus necesidades sean todos los usuarios de los servicios públicos poco después de hacer uso de los mismos? En la empresa, todo gira en torno al cliente. En la Administración, todo debe girar en torno al ciudadano destinatario del servicio público y con quien el ciudadano trata es con el empleado público que le atiende.

 

Cada día, como profesionales, nos enfrentamos a situaciones reales que suponen graves disfunciones no justificadas en modo alguno y que tienen graves consecuencias. ¿Qué razón hay para que una licencia de primera ocupación se demore meses, dificultando la puesta en marcha de la actividad de un empresario autónomo? O ¿qué razón existe para que la resolución de un procedimiento judicial se demore años? Y ¿qué motivo cabe esgrimir para que el pago de una ayuda concedida no se produzca?. Cada cual se hace sus propias preguntas.

 

Se han producido decenas de reformas normativas en los últimos años pero ninguna de calado en la Administración que convierta la función pública y quienes la ejercen en algo necesitado de excelencia y reconocimiento social por su capacidad de servir al ciudadano. Es algo que debemos demandar, sin dejar que se instrumentalice por nadie que no aspire sencillamente más que a hacer de lo público algo útil para todos.

 

Como decía antes, no todas las Administraciones tienen la misma relevancia y, sin olvidar la primacía de las que realizan funciones asistenciales (las responsables de la sanidad, la educación y el bienestar de los más desfavorecidos), no puedo sino reivindicar la necesidad de que se ponga el foco en la función pública urbanística, en la medida en que la gran mayoría de la actividad humana que nos es relevante en nuestro entorno se realiza sobre una porción de territorio y su desenvolvimiento se hace posible o inviable sobre la base de la actividad administrativa en que se despliega el urbanismo. El hartazgo en esta materia, no solo de empresas y ciudadanos, sino de la propia Administración, local, autonómica o estatal, incluso del poder judicial, es evidente. Nunca se termina de empezar y con demasiada frecuencia se devuelve los peones (ciudadanos y empresas) a la casilla de salida, frenando actividades económicas de una lógica aplastante y con ello la generación de empleo y de los recursos necesarios para satisfacer las necesidades asistenciales a que antes me he referido, sin olvidar los demás fines a que sirve.

 

En la dinámica actual, se ha llegado a un nivel de complejidad en el urbanismo que no es difícil entender cuando se conoce las decenas de normas que lo rigen, emanadas de múltiples organismos, las más de las veces de difícil comprensión cuando no contradictorias entre sí, que se utilizan para preconfigurar (encasillar casi sin remedio, diría yo) el futuro de las ciudades a más de diez años vista, otorgando y negando derechos a los particulares propietarios de terrenos, cuando la cambiante realidad actual no se adecúa a esta forma de actuar que petrifica hoy un régimen jurídico que una vez aprobado se evidencia incapaz de atender las necesidades del minuto siguiente a su vigencia. Tal mix de propósitos e interrelaciones de las decisiones administrativas en materia urbanística y de las normas que lo regulan termina las más de las veces judicializado, situación que si antes posicionaba a la actuación en cierta incertidumbre, hoy en cambio genera la certeza de que la actuación es inviable pues los capitales a invertir huyen a fuerza de comprobar con demasiada frecuencia que la resoluciones judiciales priman otros intereses por la sospecha siempre presente (y a mi parecer muy pocas veces justificada) de que su búsqueda de beneficio es espuria, cuando no sobre la aplicación formalista de normas o criterios que olvidando el bien jurídico protegido tumba todo lo actuado, a pesar de que haya contado con un amplio respaldo social, administrativo y político.

 

No han faltado iniciativas que han tratado de hacer más accesible la norma a los operadores jurídicos, no solo a los empleados públicos, sino especialmente a los responsables políticos que han de respaldarlos, como a los empresarios del sector y los profesionales que les asesoran. Actualmente la Asociación Española de Técnicos Urbanistas está tratando de enfrentar estos problemas con sus Jornadas y Encuentros y la labor de divulgación de sus conclusiones. A finales del próximo mes de septiembre, en Toledo, esta Asociación se ocupará de explicar las razones de la crisis de los planes y las bases legales para reformular los contenidos de los instrumentos de planeamiento; las nuevas formas, enfoques, contenidos y escalas para lograr un planeamiento útil para la ciudad; y cómo las nuevas tecnologías pueden ayudar a lograr un planeamiento dinámico.

 

Todo será inútil sin que las personas que intervienen en la función pública urbanística y su control se impliquen decididamente en la solución, comprendan los límites que sí tienen y los que no tienen y reclamen y exijan que se reconozca la relevancia de su labor como prius del despliegue de la actividad y crecimiento económico. Aprovechemos la oportunidad que se nos brinda con estas jornadas y reclamemos que las instituciones públicas recuperen las que en su día desplegaron. 

 

Luis Rodrigo Sánchez.

Abogado

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