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DE LOS REQUISITOS PARA QUE PROCEDA INTERVENIR LAS COMUNICACIONES

DE LOS REQUISITOS PARA QUE PROCEDA INTERVENIR LAS COMUNICACIONES.

 

 Establece el artículo 18.3 de la Constitución Española que se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. Constituyéndose tal derecho como fundamental.

Lo que conlleva que toda limitación del derecho fundamental que se pretenda efectuar, ha de ser con base en una resolución judicial; extremo que a su vez supone la obligatoria preexistencia de una habilitación legal al respecto.

Y ello, por cuanto no cabe duda de que cualquier injerencia en los derechos fundamentales ha de estar amparada por una ley que, en virtud del principio de legalidad, habrá de ser previa, cierta, escrita y estricta, prevea tal limitación y los supuestos en que se puede proceder a la misma.

 

Así, en nuestro sistema procesal dicha norma de cobertura, con anterioridad a las reformas de la LECrim, venía establecida en el artículo 579 de la LECrim, que establecía la posibilidad al Juez de acordar, en resolución motivada, la intervención de las comunicaciones telefónicas del procesado, si hubiese indicios de que con tal medio se podría descubrir o comprobar algún hecho o circunstancia importante de la causa.

 

No obstante, y habida cuenta no han sido pocas las críticas a tal norma, por cuanto se sostenía que la misma adolecía de vaguedad e indeterminación en aspectos esenciales como norma de cobertura adecuada para la restricción de un derecho fundamental, se procedió, por medio de la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica, a acomodar tal sistema a las necesidades y requisitos precisos con que debía contar una norma que deba servir de base para la injerencia en un derecho fundamental; incorporándose a la Ley los requisitos que, in fine, venía requiriendo la Jurisprudencia del Tribunal Supremo como necesarios para que procediese tal injerencia.

 

A tal fin, se incluyó un Capítulo IV, al Título VIII del Libro II de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, concretado en los artículo 588 bis a. y siguientes.

Tales artículos han venido a establecer, ex lege, los principios rectores de las injerencias, y cuáles son los requisitos que deben concurrir para que la misma resulte procedente.

Así, se establece en el artículo 588 bis.a.1 que durante la instrucción de las causas se podrá acordar alguna de las medidas de investigación reguladas en el capítulo, y en concreto la de interceptación de las comunicaciones telefónicas, si bien, siempre ha de mediar una autorización judicial dictada con sujeción a los principios de especialidad, idoneidad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad.

 

Por tanto, para determinar la legalidad o no de la injerencia en el derecho fundamental, acordada mediante resolución judicial, se hace indispensable que procedamos al estudio de los requisitos correspondientes.

El primero de los requisitos a que hace mención el precepto citado, y que se desarrolla en el punto 2 del mismo, es el de especialidad, que exige que la medida esté relacionada con la investigación de un delito concreto. De tal forma que no se deben autorizar medidas que tengan por finalidad descubrir delitos o despejar sospechas sin base objetiva.

En cuanto al requisito de idoneidad, establece el punto 3, del artículo 588 bis a, que servirá para definir el ámbito objetivo y subjetivo y la duración de la medida, puestos en relación con su utilidad.

Requisito el anterior, que está íntimamente ligado al de necesidad y excepcionalidad, desarrollados en el punto 4 del artículo indicado, y que establece que lo serán cuando no estén a disposición de la investigación otras medidas menos gravosas para los derechos fundamentales e igualmente útiles a tal fin, o cuando la comprobación del hecho, determinación de su autor, localización de efectos o descubrimiento del paradero de éste se ven dificultadas gravemente sin la adopción de tal medida.

Con ello, el precepto nos indica que tal medida solamente procederá cuando sea la única posible para lograr dichos fines, pues la misma no puede ir más allá de lo anteriormente establecido, de tal forma que si se puede lograr acreditar la autoría o comprobación del hecho por otros medios menos lesivos de los derechos fundamentales no se deberá acudir a la injerencia en los mismos. En suma, ha de ser un medio estrictamente necesario para lograr la finalidad de la investigación criminal.

Y todo lo anterior nos llevará al principio de proporcionalidad, indicado en el punto .5 del artículo objeto de estudio y que establece que tales medidas solamente serán proporcionadas cuando, tomadas en consideración todas las circunstancias del caso, el sacrificio de los derechos e intereses afectados no sea superior al beneficio que de su adopción resulte para el interés público y de terceros. Presupuesto que se concreta en el artículo 588 ter a de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al establecer que solo podrá ser concedida cuando se esté en presencia de los delitos a que se refriere el artículo 579.1 de la LECrim o cometidos a través de instrumentos informáticos. Esto es, solamente se podrá adoptar tal medida cuando se trate de delitos dolosos castigados con pena con límite máximo de, al menos, tres años de prisión, delitos cometidos en el seno de un grupo u organización criminal y delitos de terrorismo.

 

Extremos, los anteriores, que evidencian la necesidad de que la resolución judicial que autorice la adopción de la medida deba estar fundada, o motivada. Esto es, que el correspondiente auto ha de explicar cuáles son los elementos que concurren para hacer posible el control de los requisitos anteriormente indicados, explicitando las razones fácticas y jurídicas de la limitación. Todo ello, conforme establece el artículo 588 bis c de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, determinando la naturaleza y gravedad del hecho investigado, la imputación que se efectúa a la persona concreta, basada en indicios o datos objetivos, los indicios propios de la comisión del delito y la concreción de los términos de la injerencia. O, como explicita el citado artículo: el hecho punible objeto de investigación y su calificación jurídica, con los indicios en que se funde, la identidad de los investigados y cualquier otro que se vea afectado por la medida, la extensión de la medida, la unidad investigadora que se hará cargo de la investigación, la duración de la medida, la forma y periodicidad en que se informará al juez, para cumplir con el requisito del control jurisdiccional de la medida, la finalidad que persigue y el sujeto obligado que la llevará a cabo.

 

De otro lado, y en cuanto a los requisitos que debe cumplir la solicitud de autorización judicial para proceder a la injerencia, establece el artículo 588 bis.b. que dicha solicitud, que podrá ser efectuada por el ministerio fiscal o por la policía judicial, habrá de contener, necesariamente:

  • La descripción del hecho objeto de investigación e identidad del investigado o cualquier otro afectado por la medida.

  • La exposición detallada de las razones que justifiquen la necesidad de la medida, de acuerdo a los principios anteriormente indicados.

  • Los datos de identificación del investigado y los medios de comunicación utilizados que permitan la injerencia.

  • La extensión de la medida, y su contenido.

  • La forma de ejecución de la medida.

  • La duración de la medida.

  • El sujeto que obligado que llevará a cabo la misma, si se conoce.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

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