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El apellido del padre deja, definitivamente, de tener preferencia en nuestro Ordenamiento Jurídico.

 

Tradicionalmente cuando alguien inscribía a su hijo recién nacido en el Registro Civil, la normativa establecía cuales serían sus apellidos (el primero del padre y el primero de la madre), estableciendo, en cuanto al orden de éstos, que el paterno precedería al materno.

 

La promulgación de la Ley 40/1999, de 5 de noviembre, sobre nombre y apellidos y orden de los mismos, supuso una importante modificación en esta cuestión, pues si bien mantenía igual previsión respecto a que los apellidos del recién nacido serían el primero del padre y de la madre, incluía la posibilidad de que éstos, de común acuerdo, decidieran el orden de los mismos antes de la inscripción del nacimiento de su hijo en el Registro Civil. Ahora bien, también preveía para el supuesto de que dicho acuerdo no existiera que, en tal caso, se otorgaría preferencia al apellido paterno.

 

Con la reforma de la Ley del Registro Civil, la preferencia del apellido del padre con respecto al de la madre definitivamente desaparece. Aprobada tal modificación el 21 de julio de 2011, han sido necesarios seis años para que entre en vigor, pues pese a que su Disposición Final Décima establecía que ésta se produciría a los tres años de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, tal Disposición fue modificada por la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria, que demoró la entrada en vigor hasta el 30 de junio de 2017.

 

Es más, existían serias dudas respecto a que su entrada en vigor se produjera, como de hecho ha ocurrido, el 30 de junio pasado, pues una enmienda a la modificación de la Ley de la Jurisdicción Voluntaria pretendió, nuevamente, aplazar la entrada en vigor de la Ley del Registro Civil hasta el 30 de junio de 2019 y si bien  la misma no ha tenido éxito en la materia que nos ocupa, sí lo ha tenido con respecto al resto de las reguladas por dicha Ley aún no vigentes, cuya entrada en vigor ha quedado nuevamente demorada hasta el 30 de junio de 2018.

 

Pues bien, según dispone el artículo 49.2 de la Ley del Registro Civil, recién entrada en vigor, serán los progenitores quienes deberán acordar el orden de los apellidos antes de la inscripción registral del nacimiento y, si tal acuerdo no se produce lo que ocurrirá es que  el Encargado del Registro Civil les requerirá para que en el plazo de tres días comuniquen tal orden, de manera  y si no lo hacen en dicho plazo, aquél lo determinará el  Encargado del Registro, según dice textualmente la Ley, “atendiendo al interés superior del menor”.

 

Teniendo en cuenta que éste es un concepto jurídico indeterminado, habrá que estar a cada caso particular para determinar cual es ese interés y de qué manera se satisface mejor, por lo que difícil será para los progenitores prever cual será el resultado si, por falta de acuerdo, debe ser el Encargado del Registro el que determine el orden de los apellidos.

 

En realidad, esa incertidumbre, ese no saber que es lo que ocurrirá si los progenitores no llegan a un acuerdo, ha sido buscado por el legislador, pues no podemos olvidar que previsto en el Proyecto de Ley tramitado que el método residual para determinar el orden de los apellidos, en defecto de acuerdo, fuera el orden alfabético, ello fue objeto de numerosas enmiendas en las que se cuestionó tal fórmula al considerar que si uno de los progenitores sabía de antemano que su apellido prevalecería sobre el otro, la posibilidad de que llegar a acuerdos, que era lo que querido por la Norma, sería sumamente complicado.

 

A raíz de dichas enmiendas, se propusieron diferentes métodos residuales para determinar el orden de los apellidos en caso de desacuerdo: el sorteo, situar en primer lugar el apellido que fuera menos frecuente según datos certificados por el Instituto Nacional de Estadística, situar en primer lugar el apellido que tuviera más riesgo de desaparecer, etc., pero lo cierto es que ninguno de ellos se plasmó en la Norma, que optó por atender al “interés superior del menor”.

Así, en caso de que los progenitores no se pongan de acuerdo sobre el orden de los apellidos de su hijo, será el Encargado del Registro Civil el que lo determine atendiendo al interés de éste. Si alguno de los padres no estuviera  conforme con su decisión podrá recurrirla ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el plazo de un mes; y si tampoco estuviera  de acuerdo con la resolución que la Dirección General adopte, podrá recurrir ante el  Juzgado de Primera Instancia que corresponda a su domicilio.

 

Puestos de acuerdo los progenitores sobre el orden de los apellidos o fijado éste por resolución del Encargado del Registro Civil, el mismo será el utilizado en las posteriores inscripciones de nacimiento que los mismos interesen, esto es, el orden de apellidos establecido para el primero de los hijos, marcará el de los restantes.

 

Se busca, en definitiva, que los hermanos con idénticos progenitores tengan los mismos apellidos, si bien es importante reseñar que alcanzada la mayoría de edad (o cuando entre en vigor la Ley 20/2011 del Registro Civil, la edad de 16 años), cualquiera de ellos podría solicitar al Encargado del Registro Civil el cambio de orden de sus apellidos, sin que tal decisión afecte, en ese momento ya, al resto de sus hermanos.

 

Mª del Pilar Viana Lozoya

Abogado

 

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