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La suspensión temporal de la ejecución de los Programas de Actuación Urbanizadora.

La suspensión temporal de la ejecución de los Programas de Actuación Urbanizadora.

 

 

La figura de la suspensión temporal de los Programas de Actuación Urbanizadora (PAU) se introduce en el ordenamiento castellano-manchego no por una modificación de la ley urbanística, en concreto del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (TRLOTAU), sino siguiendo una habitual, pero deficiente, técnica legislativa, incorporándola en la Ley de modificación de la Ley de Comercio de Castilla-La Mancha, que , como indica su título, tiene un  objeto absolutamente ajeno al urbanismo.

 

De este modo, en la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 8/2014, de 20 de noviembre, de modificación de la Ley de Comercio de Castilla-La Mancha, bajo la rúbrica de “Suspensión temporal de la ejecución de los Programas de Actuación Urbanizadora” se regula tanto el procedimiento como las causas que la justifican dicha suspensión, señalando:

 

“En los Programas de Actuación Urbanizadora, regulados por el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, que se encuentren en ejecución a la entrada en vigor de la presente ley, cuando causas justificadas de interés público o la viabilidad económica de la actuación así lo aconsejen, el Ayuntamiento Pleno, de oficio o a instancia de los propietarios o del urbanizador, podrá acordar la suspensión temporal, total o parcial, de la ejecución del programa por un plazo de dos años, prorrogables por otros dos años más como máximo.

La solicitud de suspensión temporal será informada por los servicios técnicos y jurídicos municipales y, tras ello, expuesta al público por un plazo de quince días, mediante anuncio en el boletín oficial de la provincia correspondiente, y con simultánea audiencia, por el mismo plazo, a los propietarios y titulares de derechos y deberes afectados por la actuación.

El acuerdo de suspensión temporal ponderará los eventuales perjuicios que pudiesen derivarse para los propietarios o terceros afectados y contendrá obligatorio pronunciamiento sobre las medidas a adoptar para salvaguardar sus derechos”.

 

Aunque, por la técnica legislativa utilizada, dicho precepto carece de una exposición de motivos que nos permita conocer las razones e intención del legislador para introducir dicha figura, no cabe duda que la suspensión temporal de los programas de actuación urbanizadora es consecuencia de la crisis inmobiliaria que ha determinado la paralización o, en su caso, ralentización de la ejecución de muchos de los PAU aprobados en Castilla La Mancha, los cuales se proyectaron siguiendo un modelo expansivo e intenso de los desarrollos urbanísticos, que no se corresponde con la realidad económica y urbanística actual.

 

En este sentido, debemos señalar que el antecedente más inmediato, del que el legislador castellano manchego toma el modelo de la suspensión temporal de los programas de actuación urbanística, se produce en la Comunidad Autónoma Valenciana, cuya normativa urbanística es similar al TRLOTAU , y que introduce por la Ley 1/2012, de 10 de mayo, de medidas urgentes de impulso a la implantación de actuaciones  territoriales  y  estratégicas  de  la  Comunidad  Valenciana (DT 1ª), la que ahora es la actual Disposición Transitoria Octava “Suspensión temporal de  la ejecución de los programas” de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del  Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana, vigente desde el 20 de agosto; pues bien, la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 8/2014 es muy similar en su redacción a la citada norma valenciana, la cual en su preámbulo hace continua referencia a la crisis económica, la recesión actual del mercado inmobiliario y a la paralización en el desarrollo urbanístico, circunstancias todas ellas notorias y que, también, concurren en la Comunidad de Castilla La Mancha.

 

Aunque han sido esas circunstancias las que han motivan que se proceda a la plasmación legal de suspensión temporal de la ejecución de los programa de actuación urbanizadora, sin embargo, no podemos olvidar que el Programa de Actuación Urbanizadora tiene una naturaleza contractual y esto supone que le son de aplicación las reglas del contrato de gestión de servicios públicos de la legislación reguladora de la contratación de las Administraciones Públicas, incluidas, claro está, las potestades exorbitantes de la Administración relativas a su modificación. Es decir, con anterioridad a la reforma legal que estamos analizando, ya era posible que la Administración Local actuante pudiera acordar la suspensión temporal de la ejecución de un PAU, al amparo de la legislación contractual administrativa.

 

Sin embargo, no podemos dejar de señalar que el nuevo texto contenido en la modificación de la Ley del Comercio ha supuesto clarificar tanto el procedimiento para acordar la suspensión de la ejecución como las causas que permiten ampararla. En primer lugar, el reseñado precepto permite que la iniciativa para promover el acuerdo de suspensión provenga de cualquiera de los intervinientes en el proceso urbanístico, así ésta puede acordarse de oficio por la Administración, o bien instancia de los propietarios afectados o del propio urbanizador. Cualquiera que sea el promotor de la solicitud de la suspensión temporal, la misma debe ser informada por los servicios técnicos y jurídicos municipales

 

Se trata de un procedimiento que garantiza, en todo caso y por 15 días, la audiencia a los afectados, tanto propietarios como titulares de derechos y deberes, así como, mediante la exposición pública, por el mismo plazo, anunciada en el boletín oficial de la provincia correspondiente, la información pública, como una manifestación más del derecho de participación reconocido en el artículo 105 de la Constitución y que ha sido desarrollado intensamente, tanto legal como jurisprudencialmente, en materia urbanística.

 

Por último, recalcar que la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 8/2014, de 20 de noviembre exige para acordar la suspensión temporal de la ejecución de un PAU que concurran causas justificadas de interés público o la viabilidad económica de la actuación que lo aconsejen. De este modo, es inexcusable que el acuerdo de suspensión motive y justifique la concurrencia de tales causas. En cuanto a la duración de la suspensión de la ejecución del PAU señalar que deberá ser por dos años, que pueden ser prorrogados por otro periodo de dos años como máximo.

 

Antonio Mª. Martín García –Abogado-

Dpto. de Urbanismo Rodrigo Abogados S.L.P.

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