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¿PUEDE LA EMPRESA ACCEDER AL CORREO CORPORATIVO DE SUS EMPLEADOS?

  

Para evitar ser responsable penal, ante determinados supuestos, el código penal establece que la empresa deberá ejecutar modelos de organización y gestión que, entre otros extremos, deben incluir medidas de vigilancia y control que resulten idóneas para la prevención de los delitos o, en su caso, reducir significativamente la comisión de éstos.

 

Por tanto, y con base en lo anteriormente indicado, requiere el legislador, a través del artículo 31 bis del Código Penal, el establecimiento, por parte del empresario, de determinados controles sobre las actividades de sus empleados; a fin de, en su caso, poder ser eximida la empresa de responsabilidad penal. Si bien, tales controles no se pueden entender, bajo ningún concepto, con carácter ilimitado, pues se encontrarán restringidos tanto por la normativa laboral, entendida por el Estatuto de los Trabajadores, normativa sectorial y convenio regulador,  como por los propios derechos fundamentales de los que goza el trabajador, y que vienen consagrados en el articulado de la Constitución Española.

 

No cabe duda, por tanto, que tales controles tendrán hasta tres finalidades distintas, cuales son la prevención y  detección de conductas ilícitas y la respuesta ante éstas.

 

Así, y en virtud de tal obligación de vigilancia y control, que también viene establecida en el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores, una de las facultades que, a priori, parecen fundamentales, será la posibilidad de acceso por parte del empresario al correo electrónico corporativo del trabajador, y su posterior utilización. Bien con fines de disciplina laboral o propiamente penales.

 

No obstante, y a pesar de lo anterior, tal posibilidad de acceso ha sido muy discutida por parte de la doctrina y la jurisprudencia, ya que la misma podría suponer, en determinados casos, una vulneración del derecho fundamental del trabajador a su intimidad o, más aún, una violación del secreto a las comunicaciones. Por lo que la Jurisprudencia viene requiriendo determinados requisitos para tal fin.

 

Pero, ¿Cuáles deben ser tales extremos, citados por la jurisprudencia, que habilitan al empresario para tal acceso? Pues bien, para que el acceso sea legítimo, éste ha de ser proporcionado, idóneo para la finalidad de control que requiere el empresario y equilibrado, por otorgar más beneficios que cargas a éste.

 

Y es que, lo contrario, la posibilidad de acceso indiscriminado por el empleador, sin conocimiento ni consentimiento propios del trabajador, amparándose en el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores, el artículo 5 c) del mismo texto legal o, incluso, el artículo 33 de la Constitución Española, en cuanto al derecho a la propiedad, o el artículo 38, del mismo texto, en cuanto a la libertad de empresa, supondría un despojo injustificado de los derechos fundamentales propios del trabajador, así como de sus libertades, que se entienden con valor central del sistema constitucional.

 

Fundamentación, toda la anterior, que ha sido ratificada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en cuanto que sostiene que no existe vulneración de la privacidad, ya que se trata de una herramienta corporativa y la propia compañía puede establecer de forma previa, y conocida por el trabajador, la normativa interna al respecto.

 

Resulta evidente, por tanto, que uno de los controles más recurrentes, a fin de evitar o detectar las conductas que se pretenden evitar en el seno de la empresa, podrá ser el acceso al correo electrónico corporativo de los trabajadores de la misma, por lo que tal medida debe ser una de las indicadas en los protocolos de Cumplimiento Normativo que deba adoptar cualquier sociedad.

 

No obstante lo anterior, no es menos cierto que, para que tal medida no suponga una vulneración de los derechos fundamentales del trabajador, en cuanto a su derecho al secreto en las comunicaciones y el derecho a la intimidad, y que quede salvaguardado y amparado por el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores y los artículos 33 y 38 de la Constitución Española, en cuanto prevén el derecho de propiedad y la libertad de empresa, se han de adoptar determinadas cautelas de forma previa a la realización de tales intromisiones.

 

Así, resulta imprescindible que cuando el trabajador comience a utilizar tales sistemas de comunicación tenga previamente conocimiento de cuál es su expectativa de privacidad. Esto es, que el empresario podrá acceder en determinados supuestos a su correo electrónico.

 

Además, y sin perjuicio de lo anterior, no se ha de entender válido el acceso que se efectúe de forma continua y sistemática por parte del empresario, sino que este debe estar amparado por un juicio de proporcionalidad y encaminado a una finalidad concreta.

 

Diego Martín Fernández

Abogado

 

 

 

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