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ACOSO ESCOLAR (BULLYING).Responsabilidad de los centros docentes y su posible exención con un plan de protección y prevención.

 El acoso escolar o bullying es cualquier tipo de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado tanto en el aula, como a través de las redes sociales, con el nombre específico de ciberacoso.

Se considera que uno de cuatro niños es víctima de acoso escolar, lo cual conlleva que uno de cada cuatro niños será un acosador, cifra que se puede ampliar cuando la víctima del acoso lo es por parte de varios  “compañeros de clase”. Y la cifra es más escalofriante cuando el 14% de esos niños acosados piensan en el suicidio como solución a la situación que están viviendo.

¿Qué tratamiento penal se le da a estas actuaciones por parte de los acosadores y qué papel juegan los Centros escolares a la hora de prevenir las mismas y su posible responsabilidad?

 

El Código Penal de 1995, aprobado por la LO 10/95, ha sufrido una de sus más importantes reformas mediante la LO 1/2015 de 30 de marzo, no obstante y aunque se preveía una regulación específica del acoso escolar en el Código Penal, no se produjo así y para la calificación de las actuaciones delictivas cometidas por los acosadores habrá que acudir a los distintos tipos generales descritos en  el Código Penal, de agresiones físicas, agresiones sexuales, maltrato físico o psicológico, coacciones y más recientemente el llamado ciberacoso.

 

Sin embargo hay que tener en cuenta que a la hora de imponer las penas correspondientes hay que clasificar la edad del acosador,  pues si es mayor de 14 años y menor de 18 años será de aplicación la Ley Orgánica de Responsabilidad  Penal del Menor, LO 5/2000, que establece las medidas, no las penas, a imponer, que pueden ser : internamiento en régimen cerrado, semiabierto o abierto, libertad vigilada, asistencia a centro de día, prestaciones en beneficio de la comunidad, permanencia de fin de semana, prohibición de aproximación a la víctima o la realización de tareas socio educativas; y cuando el acosador sea menor será de aplicación la LO 1/96 de protección jurídica del menor, modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil que en su articulado establece el deber del menor de respetar a los profesores y a sus compañeros, haciendo expresa mención al acoso escolar y al ciberacoso. Esta última ley establece ya no medidas penales sino medidas civiles de responsabilidad de los padres por los hechos cometidos por sus hijos, sin perjuicio siempre de la responsabilidad del colegio, este último como “guardador de hecho”.

 

Cada día cuando los padres dejan a sus hijos en el colegio o en el centro escolar les ceden la obligación de velar y cuidar por ellos, convirtiéndose el colegio en la figura del guardador de hecho y por tanto aun cuando no deja de ser una cuestión jurídicamente controvertida, los centros escolares deben ser garantes de la integridad física, moral y de la dignidad del menor, debiendo ser responsables de las actuaciones de acoso escolar realizadas por sus alumnos.

 

Ya en 2005 la Fiscalía General en su Instrucción 10/2005, fijó los criterios y bases de actuación de todos los operadores o personas/instituciones implicadas en el sistema educativo para prevenir, erradicar y  sancionar el acoso escolar. Y en esa Instrucción, se señala la necesidad casi obligatoria por parte de los Centros Educativos de elaborar programas para la detección de casos de acoso escolar así como su tratamiento, de una manera menos agresiva que lo haría el Derecho penal. Son los Centros Educativos los que tienen que  poner el énfasis en la salvaguarda de la convivencia en el colegio.

 

Negar entonces que no son responsables civiles de lo que ocurra en el Centro sería dejar desprotegidas a las víctimas y vaciar de contenido las obligaciones que el Centro Educativo tiene de velar  por los derechos de los alumnos.

 

Sin embargo no ha sido desarrollada una Ley Estatal que defina el acoso escolar, concrete sus manifestaciones, establezca sus medidas de prevención y también en su caso, las medidas de represión y señale directamente a las persona responsables civilmente y en su caso penal o administrativamente,  medidas económicas y humanas, etc…

 

Simplemente nos encontramos con escasos desarrollos normativos como la Ley de la Junta de Galicia 4/2011 de 30 de junio donde se define el acoso escolar, se establece la protección integral de las víctimas como principio rector  de la actuación de la comunidad educativa, el establecimiento por parte de la Junta de Galicia de un Plan general de detección, protección y tratamiento del acoso escolar, así como la obligación de los Centros Educativos de establecer un plan de convivencia individualizado.

 

De todos es sabido las modificaciones legislativas a la hora de exigir responsabilidad penal a las personas jurídicas y la posibilidad de quedar exentas si las mismas han implantado modelos de prevención de los delitos especificados en el Código Penal, pero ¿se podría hacer extensiva la idea directriz del establecimiento de programas de Compliance por las empresas a aquellos Centros educativos que establezcan e instalen un Plan de prevención y tratamiento del acoso escolar eficaz y eficiente y así quedar exonerados de su responsabilidad civil?

 

La cuestión no es pacífica ni fácil de solucionar, sobre todo cuando los principios del Derecho Penal y los del Derecho Civil no son los mismos basándose la responsabilidad penal en criterios subjetivos y los de responsabilidad civil a veces con la simple existencia del hecho dañoso se da por cumplida la responsabilidad.

 

Entiéndase además que se trata de delitos personales, cometidos por menores, a menores y en el que tampoco se puede desproteger al menor, por lo que la falta de un plan de prevención por parte del Centro Educativo y su falta de aplicación solo supondría sino certificar su responsabilidad civil.

 

Abraham Huerta Corrales

Abogado penalista.

 

 

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