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La responsabilidad penal de la empresa y cómo evitarla.

La responsabilidad penal de la empresa y cómo evitarla.

 

 

Como es por todos conocido, la Ley Orgánica 5/2010 supuso un cambio de paradigma en lo que a responsabilidad penal estaba establecido, quebrando la máxima societas delinquere non potest (las sociedades no pueden delinquir). Así, se vino a establecer un sistema de responsabilidad penal de las empresas por determinados actos u omisiones realizados por sus trabajadores y directivos que pudiesen ser constitutivos de aquellos delitos para los que se establece tal responsabilidad, y que hubiesen generado un beneficio directo o indirecto en la empresa.

 

No obstante, dicho sistema fue objeto de supervisión y modificación por la Ley Orgánica 1/2015, en la que a la par que se ha aumentado el número de delitos susceptibles de generar la responsabilidad penal, se ha venido a establecer la posibilidad de que las empresas puedan evitar dicha responsabilidad penal, que antes solamente se podía atenuar, si antes de cometerse el delito, el órgano de administración ha adoptado modelos de organización efectivos, en los que vengan incluidas las medidas necesarias para la prevención de tales delitos, de conformidad a lo establecido en el artículo 31 bis del Código Penal.

 

Modelo de organización y gestión que, para ser efectivo y lograr la finalidad de evitación de responsabilidad penal, habrá de identificar las actividades en cuyo ámbito se puedan cometer los delitos que se tratan de evitar o prevenir, así como establecer los protocolos que concreten el proceso de formación de voluntad de la empresa, crear un sistema de información de posibles riegos e incumplimientos del funcionamiento del modelo, establecer un sistema disciplinario para casos de incumplimiento y disponer de un modelo de gestión de recursos financieros adecuado. Además de, obviamente, realizar en él verificaciones periódicas, cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes o cambios en la organización, estructura o la propia actividad, realizando las labores formativas correspondientes para su correcto conocimiento y aplicación por parte de todos los intervinientes en la vida social de la empresa.

 

De otro lado, y entre otras condiciones que debe cumplir el modelo, la supervisión de su funcionamiento ha de confiarse a un órgano de la empresa que tenga poderes autónomos de iniciativa y control. Si bien, en casos de sociedades de pequeñas dimensiones, esas funciones se pueden asumir por el órgano de administración directamente.

 

En suma, dicho modelo habrá de estructurarse, bajo una supervisión, en tres pilares fundamentales, con competencias determinadas cada uno de ellos, cuales son la prevención, la detección y la respuesta ante incumplimientos.

 

Así, y con el establecimiento del mismo, la sociedad puede evitar penas, que tienen la consideración de graves, y que pueden ir desde cuantiosas multas, que por cuotas puede llegar hasta los 9.000.000.-€, o ser proporcional al perjuicio o provecho generado, hasta la propia orden de disolución de la sociedad, clausura de sus establecimientos, prohibición de obtener subvenciones, de contratar con la Administración o la intervención judicial de la misma.

 

Por tanto, es cada vez más necesario que la sociedad implemente dicho modelo de prevención, que ha de ser eficaz, pues, como se ha dicho, es la única forma de evitar las sanciones penales que podrían sobre la sociedad en determinados supuestos.

 

Pero también, y gracias a la implementación en nuestra sociedad de la cultura de prevención en el ámbito empresarial, cada vez es más frecuente encontrarnos que determinadas sociedades establecen la obligatoriedad de que aquellas otras con las que contraten, no solamente conozcan que cuentan con un modelo de prevención, y su alcance, sino que exigen que la sociedad con la que pretender contratar cuente con su correspondiente modelo de prevención de delitos. De tal forma que, día a día, podemos observar como la no implementación de tales modelos en el seno de las empresas, por parte de los órganos de administración, supone, en definitiva, cerrar posibilidades comerciales a la misma.

 

Obligación contractual que, desde un prisma actual, y habida cuenta la implementación de la indicada cultura de prevención y su alcance, se extenderá a la práctica totalidad de los contratos que se suscriban entre las distintas empresas.

Así, en Rodrigo Abogados podemos ayudar a implementar un modelo de prevención de delitos eficaz que se adecúe a las necesidades de cada empresa, y que sirva para eximir a la sociedad de responsabilidad penal alguna en el supuesto de comisión de algunos delitos por parte de sus representantes o trabajadores.

 

Contamos con amplia experiencia en implementación de modelos de prevención, desarrollando desde el mapa de detección de delitos, con estudio y establecimiento de controles, la elaboración del manual de cumplimiento, la organización estructurada del mismo, la realización de la formación precisa y la revisión correspondiente del modelo. Todo ello, para garantizar la exoneración de responsabilidad para la empresa y, también, que pueda operar en el mercado sin que se le cierren oportunidades de negocio por no contar con dicho sistema.

 

Sin duda, se trata de una materia que ha de estar en manos de profesionales, ya que la adopción de un modelo de prevención que resulte ineficaz no supondrá, para la sociedad, el que ésta pueda evitar ningún tipo de responsabilidad por los hechos cometidos. Sino que, simplemente, habrá malgastado sus recursos en la implementación de un sistema que no es idóneo y que, por tanto, carece de virtualidad alguna para su supuesta finalidad de prevención.

 

Y es que, cada sociedad, como cada persona, tiene unas necesidades distintas y, por tanto, precisa de un modelo de organización que se adecúe a ella, su actividad, su organización y funcionamiento. Siendo imprescindible la realización de un estudio previo en el seno de la misma, con el mantenimiento de entrevistas y estudio de protocolos y documentación que sean precisos, de cara a la implementación de un eficaz modelo de prevención.

 

Diego Martín Fernández

Abogado

Master en Derecho Penal Económico

Especialista en Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica.

 

 

 

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