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A propósito de la Sentencia del Tribunal Constitucional acerca de la "Plusvalía Municipal"

A propósito de la Sentencia del Tribunal Constitucional acerca de la "Plusvalía Municipal"
Mucho se ha escrito estos días acerca del alcance y efectos de la sentencia del pasado 16 de febrero del Tribunal Constitucional y del comportamiento de los Ayuntamientos habido en relación con el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.


Es cierto que esta sentencia se dicta en el marco de una normativa localizada territorialmente en el “Territorio Histórico de Gipuzkoa” como también lo es que uno de los pronunciamientos de la sentencia lo es de inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad promovida respecto de los artículos 107 y 110.4 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. Ahora bien, como quiera que los preceptos declarados nulos de la Norma Foral, a saber, los artículos 4.1, 4.2 a) y 7.4, se reproducen cuasi literalmente del artículo 107.1 y 107.2 a) y del artículo 110.4 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, es fácilmente pronosticable que éstos últimos no podrán superar favorablemente el análisis que de los mismos deberá realizar el Tribunal con ocasión del conocimiento de las diversas cuestiones de inconstitucionalidad ya admitidas a trámite frente a ellos y, en particular, la planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 22 de Madrid y admitida hace ya casi un año, el día 1 de marzo de 2016 (BOE de 8 de marzo).


No quiero sembrar polémica al respecto pero sí quiero romper una lanza a favor de los Ayuntamientos, en defensa de las duras acusaciones que se viene haciendo a los mismos respecto de su voracidad recaudatoria con respecto a este hoy tan cuestionado impuesto. A mi juicio, el principio de legalidad y de sometimiento a la Ley, en este caso en particular a la normativa reguladora de las Haciendas Locales, les impone un marco de actuación con un escaso margen de maniobra una vez adoptado el acuerdo de imposición correspondiente.


Se hace preciso recordar que, con algunas concesiones en cuanto a la determinación de los porcentajes anuales determinantes del incremento, el tipo de gravamen, las posibles bonificaciones y sus condicionantes y la posibilidad de gestionar el impuesto mediante el procedimiento de autoliquidación, la Ley impone a los Ayuntamientos todos los elementos tributarios. 


Entre estas imposiciones se encuentra la regulación del hecho imponible y la determinación de la base imponible fijándose aquél como el “incremento de valor que experimenten dichos terrenos y que se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los mismos por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio sobre los referidos terrenos” y fijándose ésta por aplicación de unos determinados coeficientes sobre el valor catastral vigente, no necesariamente debía coincidir con el incremento real experimentado por los terrenos. Prueba de ello es que la propia Ley automatizó la determinación del incremento hasta el punto de suprimir en la normativa el término “real” que se contenía al hacer referencia a la base imponible y esta supresión, en mi criterio, lo fue para no dejar lugar a dudas de que las reglas de cálculo no eran cuestionables fuera cual fuera la relación del resultado con el incremento mayor o menor que se hubiera generado.


Esta automatización impuesta a los Ayuntamientos determinó que éstos, cuando las plusvalías eran verdaderamente cuantiosas, no pudieran cobrar más impuestos que los que derivaban de la regla de cálculo legalmente establecida y, de igual manera, cuando las plusvalías han sido inferiores e, incluso, inexistentes, tampoco podían modular a la baja ni eximir de su aplicación a las transmisiones operadas por más que detectaran la veracidad de las afirmaciones en este sentido del contribuyente.


Y es precisamente esta objetividad la que ha motivado el pronunciamiento del Tribunal Constitucional en cuanto que la aplicación automática de la norma puede determinar un resultado manifiestamente contrario al principio de capacidad económica constitucionalmente consagrado en el artículo 31 de nuestra Constitución Española. Afirma por ello el Tribunal que este impuesto no es, con carácter general, contrario al Texto Constitucional en su configuración actual sino que lo es, únicamente, en aquellos supuestos en los no haya existido aumento de valor al momento de la transmisión. En consecuencia, declara inconstitucionales y nulos los preceptos que determinan que la base imponible se fije en atención al valor catastral con aplicación de los porcentajes aprobados en la Ordenanza, únicamente en la medida en que someten a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica, impidiendo a los sujetos pasivos que puedan acreditar esta circunstancia. 


A partir de esta declaración, se traslada a la decisión del legislador –no de los Ayuntamientos- la forma de determinar la existencia o no de un incremento susceptible de ser sometido a tributación y, tal como le impone el propio Tribunal Constitucional, ”deberá llevar a cabo las adaptaciones o modificaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana”.


Entre tanto, es importante significar que, antes de aventurarse a reclamaciones administrativas de devoluciones de cantidades ya satisfechas, es preciso asesorarse convenientemente de las posibilidades y los cauces que deben seguirse ya que éstas varían en función de cuándo se satisfizo el impuesto, de cómo -si fue a través de declaración o autoliquidación- y, fundamentalmente, hay que hacer un exhaustivo, riguroso y objetivo análisis de la valoración de los terrenos en el momento de la transmisión y en el previo de su adquisición porque, a la luz de la sentencia que comentamos, entendemos que serán aquellos supuestos en los que pueda probarse la inexistencia de incremento en los que podremos eludir la tributación o, en su caso, obtener la devolución del impuesto satisfecho.

 


Por último, queremos únicamente significar que el criterio establecido por esta sentencia del Tribunal Constitucional –si bien que con la declaración de inconstitucionalidad que solo a él compete- no es novedoso. Existen numerosas sentencias, cada vez de un abanico mayor de Tribunales Superiores de Justicia y de Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, que ya venían anulando liquidaciones practicadas por los Ayuntamientos en aquellos supuestos en los que el sujeto pasivo había probado la inexistencia de incremento y, consecuentemente, de hecho imponible, a la vez que, en otras no menos numerosas, se confirmaban las liquidaciones practicadas si dicha prueba no arrojaba tal conclusión.
 

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